La Policía Federal realizó el operativo en el country Altos de Campo Grande, donde vive el exdirector de la ANDIS. Renunciaron sus abogados.
EXFUNCIONARIO. El abogado Spagnuolo es vecino de Pilar.
Este viernes por la tarde, la Policía Federal realizó tres allanamientos en simultáneo para obtener información sobre Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que denunció supuestos hechos de corrupción en su área. Uno de los operativos tuvo lugar en su casa de Pilar, ubicada en el country Altos de Campo Grande.
En el marco de la causa, los procedimientos fueron ordenados por el fiscal Ramiro González Picardi y autorizados por el juez federal Sebastián Casanello, con el objetivo de recolectar dispositivos electrónicos, documentación, dinero e información relevante para la investigación que se lleva adelante.
Además de la vivienda de Spagnuolo en Pilar, los allanamientos también tuvieron lugar en el barrio privado El Pato Country Club, de Berazategui; y una sucursal del Banco Francés en la que el exfuncionario posee una caja de seguridad.
Los efectivos policiales solicitaron a las autoridades y personal de las garitas de seguridad que entregasen la nómina de personas y sus respectivos datos personales, así como los vehículos que ingresaron a los referidos barrios privados desde el 1° de enero del 2024 hasta el día de la fecha, en carácter de “visitas” del domicilio de Spagnuolo y de Daniel Garbellini, otro exdirector de ANDIS.
La situación de Spagnuolo se agravó en las últimas horas a partir de la declaración del exasesor de la Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, que aseguró que el exfuncionario le habría dicho que existía un esquema de corrupción enquistado en el organismo. De la misma manera, también ratificó que conocía el contenido de los audios del escándalo, en los que se involucra a Martín y Lule Menem y a Karina Milei.
Además, se conoció que este viernes los abogados de Spagnulo renunciaron a su defensa.
El expediente apunta a determinar si en efecto existió un sistema de coimas en el marco de contrataciones entre la Andis y la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker. En este sentido, la Justicia también ordenó bloquear las cajas de seguridad de los Kovalivker.