La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dejó conformada la llamada Comisión Episcopal para el Sostenimiento de la Acción Evangelizadora de la Iglesia, que se encargará de continuar el diálogo con el Gobierno nacional para implementar el reemplazo gradual de los aportes del Estado.
La nueva comisión, que será presidida por el obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Guillermo Caride, deberá seguir dialogando con el Gobierno nacional para consensuar alternativas para la instrumentación del reemplazo gradual de los aportes, así como crear un fondo solidario.
Así fue decidido en la reunión de la asamblea plenaria de obispos que se desarrolló la semana pasada en la casa de retiros El Cenáculo de Pilar, presidida por el titular del organismo, el obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea.
La comisión está integrada por un representante de cada una de las ocho regiones pastorales en las que está dividido el Episcopado argentino.
La decisión de la Iglesia, anunciada la semana pasada, implica la renuncia a unos 130 millones de pesos que recibe cada año, en concepto de asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera, lo que representa el 7 por ciento del total de los recursos que maneja el Episcopado.
“Es un paso importante y positivo que se haya llegado a un consenso dentro del Episcopado”, dijo el secretario de Culto, Alfredo Abriani a Télam el viernes pasado, luego de conocida la decisión de la Iglesia.
En ese marco, explicó que “no hay plazos ni términos de inicio” para la implementación del nuevo sistema y que se está trabajando en la definición de las alternativas a aplicar -que se mantienen en estricto hermetismo- y en “generar el marco legal para poder aplicarlas”.
