El Ministerio de Trabajo bonaerense prorrogó hasta este viernes la conciliación obligatoria. El sindicato denunció incumplimientos, pero la firma aduce que no puede pagar las deudas.
RECLAMO. La semana pasada, los despedidos bloquearon la planta de La Lonja.
El conflicto por los despidos y los atrasos salariales en la avícola Granja Tres Arroyos entró en un callejón sin salida. El Sindicato de la Alimentación (STIA) denunció este lunes, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que la firma violó los términos de la conciliación obligatoria, al negarse a permitir el ingreso de los despedidos, que en la planta Pilar superan los 50.
La empresa, por su parte, se mantuvo firme en manifestar la imposibilidad de dar cumplimiento al pago de los salarios atrasados. El argumento expresado en el acta de la audiencia, a la que tuvo acceso El Diario, es que la firma “continúa atravesando una gravísima crisis económica, financiera y productiva, circunstancia que motivó la presentación en concurso preventivo de acreedores”.
Tras la audiencia, en la que no hubo avances, el Ministerio que conduce Walter Correa decidió prorrogar por 5 días más la conciliación obligatoria, por lo que seguirá vigente hasta el próximo viernes 2 de octubre. Para ese día se convocó a una nueva reunión en La Plata.
Reclamos
Los representantes gremiales señalaron que “al día de la fecha los trabajadores y trabajadoras siguen sin percibir ningún tipo de ingreso salarial”, y denunciaron que la empresa no ha “reincorporado a ningún trabajador de la totalidad de los despedidos en ningún de los establecimientos”, ni “otorgado tareas efectivas”.
A la vez, aseguraron que los representantes empresarios “no negociaron de buena fe” ni propusieron “alternativas de ninguna índole a los fines de superar el conflicto planteado”.
“Los esfuerzos realizados por esta autoridad laboral en aras de solucionar pacíficamente los conflictos suscitados mediante el dictado de la conciliación obligatoria, implicó la suspensión del trámite de los expedientes administrativos ante la ANSES en los cuales los trabajadores solicitaron el fondo de desempleo”, advirtieron y denunciaron “que la actitud de la empresa implica un manifiesto desinterés por los derechos de sus trabajadores y trabajadoras”.
En ese sentido, pidieron dar por concluida la conciliación obligatoria lo que, por el momento, no ocurrirá.
En ese sentido, el gremio acusó a la empresa de ser “responsable absoluta del estado critico alimentario, social y económico que están padeciendo sus trabajadores” y llamó a tomas medidas para “resguardar la condición humana de los mismos”.
“Rechazamos que la crisis alegada por la empresa haya sido provocada por cuestiones extraordinarias, sino todo lo contrario: desde hace dos años y medio que se le solicita que presenten una alternativa para resolver cuestiones atinentes a los trabajadores, sin haber otorgado ni una sola alternativa seria y viable, siendo exclusivamente parte del riesgo empresario y las políticas económicas y financieras elegidas deliberadamente por el grupo GTA”, adujeron los sindicalistas.
