El conflicto por los 300 despidos de la fábrica de cerámicas ILVA, en el Parque Industrial de Pilar, sigue empantanado a un mes y medio de su inicio. Mientras la empresa se escuda en la crisis del sector para pagar indemnizaciones reducidas, los trabajadores denuncian que “se trata de un engaño” al tiempo que endurecen los reclamos.
La empresa puso en marcha el desmantelamiento de su plantel de trabajadores el 29 de agosto pasado. Son unos 300 obreros, la mayoría con más de 10 años de antigüedad y algunos hasta con más de 30.
Sin embargo, la empresa plantea que no podrá hacer frente a las indemnizaciones que define la Ley de Contrato de Trabajo. Para eso, se escuda en el artículo 48 de esa misma normativa, que permite reducir el monto indemnizatorio en caso de crisis.
Aunque el sector de la construcción de uno de los más afectados por el freno económico desde la asunción de Javier Milei como presidente, los trabajadores argumentan que la situación de ILVA está lejos de ser terminal. Más bien, todo lo contrario.
Inversión
Es que, a mediados de este año, la firma terminó de instalar y poner a punto una nueva línea de producción con maquinaria importada de Italia, con una inversión que rondaría los 100 millones de euros.
A la vez, apenas puso en marcha los despidos, lanzó una búsqueda laboral para cubrir todos los puestos que quedarían vacantes.
Por eso, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires rechazó en dos oportunidades el pedido de ILVA para iniciar un procedimiento preventivo de crisis, un paso previo a la aplicación del mencionado artículo 48.
Por eso, desde el sindicato de ceramistas malician que la verdadera intención de la compañía de la familia Zanón es reemplazar el personal antiguo por otro más nuevo, contratado con las nuevas leyes de flexibilización laboral vigentes. De paso, eliminaría una serie de beneficios conquistados por los trabajadores en los últimos años, como la medicina prepaga, el transporte hasta el Parque Industrial o el comedor en la planta.
Los trabajadores saben que el tiempo está a favor de la empresa. Es que, desde hace un mes y medio, la compañía les debe por lo menos una quincena de trabajo, al tiempo que no empezó el pago de las indemnizaciones, ni siquiera con las reducciones pretendidas.
La situación comienza a hacerse insostenible para muchos trabajadores y sus familias, cercados por los gastos cotidianos a los que ya no pueden hacer frente sin el ingreso regular del salario.
Por eso, al acampe que mantienen desde hace casi 45 días en la puerta de la planta de la calle 9, en el Parque Industrial de Pilar, sumaron en las últimas semanas una serie de movilizaciones y escraches frente a countries y edificios de categoría donde viven los directivos de la firma, entre ellos Franco Bocci, Francisco Zanón y Patricio Colombo.
El reclamo llegó a la agenda del gobernador Axel Kicillof y tomó dimensión en los medios nacionales. Este jueves, tuvo un capítulo de repudio a la actitud empresarial en el Concejo Deliberante de Pilar.
Hasta ahora, de todos modos, la empresa se mantiene inflexible y espera que los largos tiempos judiciales jueguen a su favor.