Una inédita situación vivirán durante los próximos días los usuarios de las líneas municipales de colectivos. Es que los concejales decidieron anoche postergar la aprobación del nuevo cuadro tarifario que ya se está aplicando de hecho desde el primer día del año.
Así, hasta tanto se resuelva la cuestión, el transporte seguirá en una suerte de limbo jurídico, cobrando una tarifa que, en rigor, no fue autorizada por el organismo competente, que según la Ley Orgánica Municipal, es el Concejo Deliberante.
Por eso, concejales de la oposición abrieron la puerta a una presentación judicial para que se retrotraiga la tarifa a la que se cobraba hasta el 31 de diciembre.
En una sesión atípica, militantes de la JP le pusieron un toque diferente al irrumpir al recinto –incluso en un forcejeo rompieron un vidrio de la puerta del recinto- con consignas a favor del boleto universitario, otro punto en el que se planteó un conflicto entre la facultad local de regular el transporte y la operación del sistema SUBE por parte del Gobierno nacional, que aplica las tarifas de forma automática sin consultar a las jurisdicciones.
De hecho, la sesión de ayer se convocó con el aumento ya consumado, con la única intención de darle un marco legal. Pero según explicó luego el presidente de la comisión de Transporte, el oficialista Fabio Gómez, por la tarde surgió una duda respecto al cuadro tarifario que fijaría la Provincia para las líneas de su órbita, la que sería diferente a la de Nación. Por eso, hasta tanto se aclare la situación, se decidió devolver el expediente a la comisión.
El opositor Osvaldo Pugliese señaló, en contrario, que el Concejo tiene la facultad legal de fijar las tarifas más allá de las decisiones de la Nación. Así, se preguntó: “¿Qué le vamos a explicar a la gente? ¿Le vamos a decir que el aumento está bien, que es legal, o que es ilegal?”. No obtuvo respuestas por parte de los ediles del oficialismo.
Con el mismo argumento –compartido también por el denarvaísta Diego Ranieli- la radical Claudia Zakhem se reservó el derecho de ir a la Justicia a reclamar que se aplique la tarifa anterior al aumento.
Universitario
Cuando la sesión apenas había comenzado, mientras los ediles se trenzaban en un debate acerca de la citación a directivos de Edenor y funcionarios municipales para que den explicaciones por los cortes de luz, unos 50 jóvenes militantes de la JP llegaron al recinto. Algunos vestidos como Reyes Magos entregaron trozos de carbón a los concejales que “se portaron mal”.
Los jóvenes exigieron que se apruebe el boleto estudiantil universitario, un proyecto que el socialismo presentó hace ya 4 años y que aún sigue en debate. En un extenso cuarto intermedio en el que los jóvenes interactuaron con los concejales, algunos con gruesos insultos contra Ranieli, quien no había querido firmar una remera con el simbólico compromiso de votar el proyecto.
El fondo del debate fue similar al del precio del boleto general: quién y cómo fija las tarifas del transporte comunal.
Gómez argumentó desde el oficialismo que, por el mismo mecanismo del SUBE, ese boleto debe ser cargado en las máquinas expendedoras por la Secretaría de Transporte. Y recordó que en el 2013 se envió una consulta sobre el tema a ese organismo, que todavía no respondió. Por eso, solicitó a los jóvenes que acompañen a los concejales a efectuar el reclamo al ente nacional.
Pugliese, en tanto, señaló que al ser la tarifa una facultad local, debe ser el Concejo quien cree los boletos diferenciales que crea necesarios. Y en todo caso, deberá luego recurrir a la vía del amparo judicial para que el organismo técnico lo aplique.
Finalmente, se decidió que el martes de la semana que viene, concejales y jóvenes volverán a reunirse para seguir avanzando en el tema.