Una ley faculta a los municipios para expropiar tierras improductivas

Alcanza a terrenos baldíos o con obras paralizadas por más de cinco años. Antes, habrá un plazo de una década para que el propietario se adecúe. El proyecto time media sanción de la Legislatura.
jueves, 25 de octubre de 2012 · 00:00

La nueva ley de tierras que ya tiene media sanción de la Legislatura bonaerense, crea dos nuevas herramientas para que los municipios de la provincia puedan acceder a las tierras necesarias para generar planes de vivienda social. Ambas tienen un costado polémico.

La primera, y más difundida, es la que obliga a todos los emprendimientos inmobiliarios que superen los 5 mil m2 de superficie que se desarrollen a partir de la sanción de la ley a ceder un 10% de su tierra al Municipio. También puede canjear esa obligación por el equivalente en dinero.

El otro resorte que la legislación deja en manos de las administraciones comunales es la posibilidad de expropiar tierras improductivas que, o bien se encuentren baldías, o que tengan obras que acumulen cinco años o más de paralización.

El proyecto de ley se denomina “Acceso justo al Hábitat” y fue presentado por legisladores kirchneristas, aunque tuvo un amplio apoyo en la legislatura también por parte de otros bloques.

De acuerdo a lo previsto por el artículo 64 del proyecto, modifica la actual ley de tierras provincial 8912, vigente desde 1977. Entre otras cosas, establece que “los municipios, a través de sus planes y/o mediante ordenanzas específicas, podrán declarar el parcelamiento y/o la edificación obligatorios de los inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada”.

En ese caso, “el propietario del inmueble deberá ser notificado por el Departamento Ejecutivo municipal a través de un medio fehaciente, de la obligación”.

 

Plazos

El proyecto establece que “los plazos para edificar o urbanizar no podrán ser inferiores a tres ni superiores a cinco años”. De todos modos, determina que “en caso de incumplimiento, el Municipio podrá aplicar un gravamen especial sobre el inmueble que será progresivo en el tiempo”. Y que “transcurrido el plazo de cinco años sin que la obligación de parcelar y/o edificar se hubiere cumplido, el Municipio continuará aplicando la alícuota  máxima, hasta que se cumpla”. Asimismo, prohíbe “conceder exenciones o condonaciones de deudas relativas al gravamen progresivo”.

Recién transcurridos cinco años de cobro de ese  gravamen sin que el propietario haya cumplido la obligación de parcelamiento y/o edificación, el inmueble quedará “declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación por parte de la municipalidad”.

El mismo proyecto obliga a los municipios a usar el inmueble en un plazo máximo de cinco años, contados a partir de su incorporación a su patrimonio.

De acuerdo a publicaciones de medios nacionales, los críticos de la iniciativa, consideran que la falta de especificaciones en la aplicación puede provocar afectación patrimonial en los propietarios.

Sin embargo, el diputado Alberto España del Frente para la Victoria, uno de los autores del proyecto, rechazó que la ley incurra en modificaciones en el régimen de expropiaciones, “que existe hace 50 años y está contemplada en la Constitución”.

 

 


 

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