El Municipio busca llegar a una instancia legal para deshacerse de los más de 600 rodados secuestrados en la Secretaría de Prevención Ciudadana. Se trata de 200 automóviles y 400 motocicletas que fueron retenidas por falta de documentación o conductores que manejaban en estado de ebriedad.
Estos rodados saturaron la capacidad de las instalaciones con las que cuenta el área y si bien, en las próximas semanas, podrían determinar un nuevo depósito municipal, detrás de la ex Fábrica Militar, buscan rematar o compactar los vehículos, siempre y cuando la ley se lo permita.
El titular de Prevención Ciudadana, Juan Carlos Losada, explicó cómo se daría la medida que el jueves último fue convertida en ordenanza por los concejales.
“Está dentro del marco legal de la Provincia de Buenos Aires, pero hay que tener en cuenta que es un trámite que llevará mucho tiempo”.
En tanto, el funcionario aseguró que además de esos rodados cuyos propietarios jamás reclamaron ni se acercaron al Juzgado de Faltas para acordar un plan de pago, están los que aguardan finalizar la financiación del castigo para retirarlos.
“Serán unos 12 vehículos que hasta que no salden el acuerdo de pago que realizaron por las multas no los pueden sacar del depósito”, aseguró Losada, que señaló que la mayoría son por conducir con exceso de alcohol en sangre.
Metodología
Lo que el Municipio busca es la posibilidad de realizar una subasta con los rodados allí abandonados, luego de infringir la Ley. Pero en el caso de los 200 automóviles, no sería posible ya que el marco legal bonaerense para estos casos establece un mínimo de 5 años de antigüedad del vehículo y ninguno de estos cumple ese requisito.
En tanto, el caso sería distinto con las 400 motocicletas, ya que el 70% de las retenidas y nunca reclamadas, son de modelos mayores al 2007, que sería el límite a cumplir.
Aquellos vehículos que no cumplan estos requisitos, serían compactados y tirados como chatarra.
Entre las motocicletas hay muchas nuevas que fueron sacadas de la agencia y retenidas por falta de documentación y cuyos propietarios nunca regresaron.
Incluso, hay motos de un costo elevado, que habrían sido traídas desde países limítrofes y no cuentan con la documentación necesaria para circular y están en el depósito municipal desde hace más de un año.
Según la reglamentación provincial, a los 6 meses que el vehículo no es retirado, el gobierno del Municipio o la Provincia, puede gestionar el trámite de remate o compactación.
Judicialización
Uno de los pasos previos a la subasta o la compactación, es la verificación policial, para saber si los rodados tienen pedido de secuestro. En esos casos, el vehículo pasa a estado judicial y es retirado por la policía.