Levantaron la prohibición de exportar chatarra metálica, buscando impulsar el reciclaje, abrir nuevos mercados y generar oportunidades para pequeñas empresas.
El Ejecutivo nacional decidió no prorrogar los decretos que restringían la venta al exterior de chatarra metálica. El Gobierno sostuvo que esta medida busca fomentar el reciclaje, generar oportunidades para las pymes y abrir nuevos mercados internacionales, eliminando barreras que afectaban a un sector clave de la economía.
El anuncio fue realizado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a través de su cuenta de X. “El presidente Javier Milei ha dicho en reiteradas oportunidades que el poder del Estado no se debe usar para redistribuir arbitrariamente ingresos entre los actores de un mercado. Por ello ayer decidimos no renovar los alcances de los decretos 1040/20 y 70/23 (no confundir con DNU 70/23) por el cual se había prohibido la exportación de desechos metales y no ferrosos”, señaló.
La medida pone fin a una restricción que estaba vigente desde 2009 y que, según el funcionario, perjudicaba principalmente a las pequeñas empresas de reciclado. Sturzenegger explicó que la norma, al mantener deprimidos los precios locales de los desechos, desincentivaba la recuperación de materiales.
“Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía”, argumentó.
Entre los ejemplos que brindó, destacó el caso de los cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un importante mercado en el exterior, pero no podían ser exportados bajo las regulaciones previas. Según el ministro, esta política limitaba las posibilidades de crecimiento de las empresas más pequeñas del sector y obstaculizaba la valorización de residuos.
“De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos”, agregó.
Los decretos que mantenían la prohibición, publicados durante la gestión de Alberto Fernández, justificaban la medida argumentando que la industria siderúrgica local dependía de los residuos metálicos como insumo clave para la producción de acero. Sin embargo, el Gobierno actual considera que el impacto positivo de liberar la exportación supera cualquier posible perjuicio.
Desde el oficialismo sostienen que esta decisión podría generar beneficios económicos significativos al incentivar la competitividad y la apertura de mercados internacionales. Además, remarcaron que la exportación de materiales reciclables permitirá generar ingresos en dólares y dinamizará un sector con gran potencial de crecimiento.