El concurso iniciado en 2021 terminó sin acuerdo con acreedores ni propuestas de inversores. La empresa llegó a tener más de 300 locales y 5.000 empleados.
El concurso iniciado en 2021 terminó sin acuerdo con acreedores ni propuestas de inversores. La empresa llegó a tener más de 300 locales y 5.000 empleados.
La larga agonía empresarial de Garbarino llegó a su final. El Juzgado Nacional en lo Comercial N°7 decretó la quiebra de la histórica cadena de electrodomésticos, luego de que fracasara el proceso de salvataje abierto para intentar rescatar la compañía y evitar su liquidación.
La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, quien concluyó que no existían condiciones para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. Según surge de la resolución judicial, la empresa no logró alcanzar las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo y tampoco prosperó la instancia de cramdown que habilitaba a terceros a presentar propuestas para quedarse con la compañía.
En concreto, el único interesado inscripto en el registro de salvataje, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de reestructuración, mientras que la propia concursada tampoco consiguió adhesiones suficientes para cerrar el proceso. Con ese escenario, el magistrado aplicó lo previsto por los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.
La resolución marca el cierre de un expediente que se convirtió en uno de los colapsos empresariales más emblemáticos del retail argentino en los últimos años.
Con el decreto de quiebra, la compañía queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a quedar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora comenzará el proceso de identificación y eventual liquidación de los activos para intentar pagar, en la medida de lo posible, a los acreedores.
El juez dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a múltiples registros públicos, entre ellos los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para detectar eventuales activos a nombre de la empresa. También se extendió la medida a la provincia de Tierra del Fuego debido a la participación accionaria de Garbarino en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., vinculadas históricamente a la producción electrónica en esa provincia.
Además, el tribunal resolvió inhabilitar a los directivos de la compañía, entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales, quienes no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal. La resolución también dispuso una prohibición de salida del país para los tres ejecutivos hasta al menos octubre de 2026, fecha prevista para la presentación del informe general de la sindicatura.
En paralelo, el juzgado ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas durante el concurso en el BBVA y transferir cualquier saldo al expediente judicial, además de prohibir cualquier pago o entrega de bienes a la empresa sin autorización del síndico.
El final judicial de Garbarino cierra la historia de una empresa que durante décadas fue uno de los nombres más fuertes del comercio minorista argentino.
Fundada en 1951, la cadena llegó a dominar cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país, fábricas en Tierra del Fuego y negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes. En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.
Sin embargo, una combinación de problemas financieros, caída del consumo, cambios en el comercio minorista y dificultades para acceder a financiamiento fueron deteriorando su estructura. La venta de la compañía en 2020 al empresario Carlos Rosales, quien prometía un plan de rescate, no logró revertir la crisis y la empresa terminó reduciendo su operación a una escala casi testimonial.
Los informes presentados en el expediente mostraban que la compañía había quedado con menos de 20 empleados, apenas tres locales activos y ventas mensuales mínimas, sin capacidad financiera para sostener la operación.
Con la quiebra ya decretada, comienza ahora la etapa de liquidación judicial. El proceso buscará identificar activos, como eventuales participaciones societarias, marcas o bienes remanentes, para intentar satisfacer a los acreedores, aunque el valor económico disponible parece muy limitado.