Con los aumentos de principios de mes, las tarifas del transporte público de pasajeros en Buenos Aires se encuentran entre las más altas de las principales ciudades de la región latinoamericana. Sin embargo, los índices de precios no lograrán reflejar el impacto real sobre el bolsillo.
Aunque los funcionarios del gobierno justificaron el aumento en la inequidad de las tarifas metropolitanas respecto a las del interior del país, la razón principal es que el Gobierno nacional busca reducir el gasto público para achicar el déficit fiscal. De forma que, a través de la suba de tarifas, los consumidores pasan a absorber una proporción mayor de los costos y el Estado reduce el monto de los subsidios, que en 2015 llegaron a representar más del 2% del gasto público total y el 20% del déficit del año 2015.
Es decir que el valor total recibido por los empresarios sigue siendo suficiente para cubrir costos operativos, reinvertir en mantener y mejorar el capital y, además, retirar ganancias del negocio. La diferencia es que ahora el Estado aporta un poco menos y los consumidores, un poco más. De lo que se desprende que el aumento en el costo del boleto para el consumidor no se justifica directamente en términos de mejora en los incentivos a la inversión.
Se explicó también que los usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagaban sustancialmente menos que lo que se paga en las grandes ciudades de Latinoamérica. Medida en dólares, la tarifa mínima del transporte público automotor y ferroviario en Buenos Aires pasó a ser de u$s 0,40 promedio luego del aumento. Es verdad que en Santiago de Chile, Río de Janeiro y San Pablo se paga alrededor de u$s 1, pero en el Distrito Federal de México, hoy se paga alrededor de u$s 0,30 el viaje. Por lo pronto, no es tan cierto que la tarifa de Argentina sea la más barata de la región.
Más aún, el sistema urbano de transporte de Santiago, Río y San Pablo funciona de manera integrada, permitiendo más de un trasbordo entre medios suburbanos y urbanos a través de un solo boleto. Para que la comparación con el AMBA tenga sentido, se debe considerar el costo de las secciones de mayor distancia junto con la necesidad de combinar dos o tres boletos separados. Lo que resulta en que la “tarifa integrada” debería rondar los u$s 1,40 ($20) sobrepasando el u$s 1 de las otras grandes ciudades de LATAM. (Párrafo aparte merece el impacto sobre los usuarios de servicios diferenciales como el de Pilar-Palermo de la línea 57, que ya estaba en u$s 1,40 antes del reciente aumento).
Con las tarifas nuevas, no es descabellado plantear que el gasto promedio en transporte será cercano a los $1.000, lo que representa casi el 7% de un ingreso mensual de $15.000. No hay dudas que el impacto sobre el usuario es significativo. Lo paradójico es que en la estructura del IPC GBA del INDEC, el gasto en transporte representa el 3% del índice y la incidencia real en los precios sería más del doble de lo que “diría” el IPC. Es por eso que quizás el gobierno ha decidido ocultar el impacto usando el índice de precios de San Luis, en el que el gasto en transporte casi no pesa. Pero el bolsillo lo siente todos los meses. En particular en el cortísimo plazo cuando aún se cobran los salarios de fines del año pasado.
