Fue una bomba que estalló en Coordinación Federal, donde funcionaba un centro clandestino de detención. Un mes después, la dictadura asesinó a 30 personas en Pilar como parte de una venganza.
NUNCA MÁS. El memorial que recuerda a las víctimas de la Masacre de Fátima.
La Cámara Federal de Comodoro Py ordenó en las últimas horas reabrir una causa contra exdirigentes de la organización Montoneros por la bomba colocada en el comedor de la Superintendencia de Seguridad de Coordinación Federal (SSF) en julio de 1976, que se cobró la vida de 23 personas.
Ese hecho se produjo un mes antes de la Masacre de Fátima, en la que grupos de tareas de la dictadura asesinaron y dinamitaron los cuerpos de 30 personas en esa localidad pilarense. Hasta ese momento, las víctimas estaban detenidas ilegalmente en Coordinación Federal y, según numerosos testimonios, su asesinato fue parte de la cruenta venganza por la bomba en el comedor.
La periodista Luciana Bertoia dio a conocer el fallo en el que los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron al atentado cometido en el edificio de la calle Moreno 1417 fue “una grave violación a los derechos humanos” lo que hace que no prescriba.
La reapertura de la causa reconoce entre sus principales impulsores a la actual vicepresidenta Victoria Villarruel y la organización que preside, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que enarbola lo que llama una política de “memoria completa”. Se trata de una mirada que busca equiparar los crímenes de la dictadura con los cometidos por organizaciones guerrilleras. Es la base de lo que se conoció como “teoría de los dos demonios”.
La explosión se produjo el 2 de julio de 1976 en lo que se conocía como Coordinación Federal. Allí la Policía Federal Argentina (PFA) tenía su área de inteligencia y regenteaba un campo de concentración que funcionaba desde antes del golpe de Estado. En ese ataque murieron 23 personas.
La hipótesis de que la Masacre de Fátima fue cometida como parte de la venganza por la bomba en el comedor de Coordinación Federal creció en el marco de la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada por Raúl Alfonsín en diciembre de 1983.
En ese ámbito se produjo, en los primeros días de 1984, la declaración Armando Víctor Luchina, un ex cabo primero de la Federal quien revistó en Coordinación Federal y reconoció haber sido parte del operativo de la masacre.
El mismo Luchina afirmó ante la Conadep que la masacre era “una represalia” al atentado del 2 de julio anterior en el edificio de Moreno 1417, en cuyo 5º piso se ubicaban las mazmorras donde se hacinaban los secuestrados.
La Conadep certificó, además, que otros 50 miembros de Montoneros detenidos ilegalmente fueron asesinados entre el 3 y el 7 de julio, “como respuesta” al atentado de esa organización.