En medio de la crisis, en la que la propia empresa pidió la apertura de un concurso preventivo, se define por estos días la situación de los 50 despedidos de Granja Tres Arroyos.
En una semana vence la conciliación obligatoria que mantiene frenados las 50 desvinculaciones de Pilar. La empresa pidió concurso preventivo y apunta a la caída del consumo.
EN SUSPENSO. Hasta la semana que viene, los 300 trabajadores de Pilar siguen en sus puestos.
En medio de la crisis, en la que la propia empresa pidió la apertura de un concurso preventivo, se define por estos días la situación de los 50 despedidos de Granja Tres Arroyos.
Esos despidos quedaron en suspenso por la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, que dictó dos medidas de conciliación obligatoria con plazos distintos y en paralelo. La primera fue dictada el 4 de septiembre a pedido del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), vence el 25 de septiembre y podría extenderse hasta el 2 de octubre. La segunda fue dictada el 10 de septiembre a pedido de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que representa al personal de las granjas de cría del grupo, con vencimiento el 1° de octubre y una eventual prórroga que la llevaría hasta el 9 de octubre.
La planta de Pilar —el complejo conocido como Pinazo, operado por Wade— es uno de los focos más sensibles del conflicto. A comienzos de septiembre, la empresa envió cerca de 1.200 telegramas de despido distribuidos entre sus plantas bonaerenses: alrededor de 700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar.
Aunque en términos absolutos es la cifra más baja de las tres, golpea a una dotación que ya venía reducida por suspensiones y parates de actividad previos, y se suma a un proceso de achique que en los últimos meses acumuló más de 1.700 desvinculaciones en el grupo.
Mientras ambas conciliaciones sigan vigentes, la empresa está obligada a retrotraer las cesantías notificadas y mantener a los trabajadores en sus puestos, lo que da un margen de entre dos y tres semanas para que avance alguna negociación antes de que los 50 despidos de Pilar puedan volverse efectivos.
En las últimas audiencias entre sindicatos y empresa se acordaron paliativos parciales, como la entrega de cajones de pollo y pagos a cuenta para los trabajadores afectados, aunque sin resolver de fondo la continuidad de los puestos.
Granja Tres Arroyos, una de las mayores avícolas de la Argentina, formalizó la presentación de su concurso preventivo. La solicitud fue realizada por el presidente del directorio, Joaquín De Grazia, e incluye no solo a la firma insignia del grupo sino también a Wade -que opera la ex planta Cresta Roja-, a Avex, con su complejo en Río Cuarto, Córdoba, y a Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la sociedad controlante. Las cuatro empresas tramitarán el proceso en conjunto, bajo la figura de agrupamiento económico prevista en la Ley de Concursos y Quiebras.
En el expediente, la compañía reconoció una deuda que supera los $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados, y atribuyó el derrumbe financiero a una combinación de factores: el estancamiento del consumo interno de pollo tras años de crecimiento sostenido, la caída del poder adquisitivo de las familias, el ingreso creciente de carne aviar brasileña favorecido por la baja de aranceles, y la pérdida de mercados como China, Chile y la Unión Europea a partir del brote de gripe aviar de 2023. Según sus propios números, los Resultados No Asignados pasaron de un saldo positivo de $3.944 millones en 2022 a un rojo proyectado de -$122.052 millones para 2025, mientras el índice de liquidez cayó de 1,43 a 0,51 en el mismo período.
El cruce entre ambos procesos —el concurso preventivo que la empresa presenta como la vía para reestructurar su pasivo y sostener la operación, y las conciliaciones obligatorias que por ahora frenan los despidos en Buenos Aires— define el escenario inmediato del conflicto.
