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SUSCRIBITE El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró este viernes que la “declaración de lesividad” presentada ante la Justicia por la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas Norte y Oeste, se sustenta en una “serie de irregularidades” a favor de las empresas concesionarias.
“Tomamos esta decisión después de una profunda auditoría y revisión de todos los contratos y detectamos irregularidades en la renegociación de los mismos con los dos grupos empresarios a cargo de los accesos Norte y Oeste”, indicó Katopodis en declaraciones esta mañana a Radio Continental.
El ministro aclaró que no se está pidiendo “la nulidad” de los contratos, sino que a partir de una “declaración de lesividad, la Justicia analice los elementos presentados para determinar si nuestra posición es fundada y estamos ante una situación ruinosa y abusiva contra el Estado”.
Katopodis detalló una serie de irregularidades detectadas al momento de renegociar los contratos en el 2018, durante la administración macrista, haciendo hincapié en el “reconocimiento de una supuesta deuda de 499 millones de dólares con Autopistas del Sol y 247 millones de dólares con GCO”.
“Esa supuesta deuda no está acreditada en ninguna de las actuaciones. Además tiene un interés anual en dólares del 8%, desconociendo que existía una ley que había pesificado todos los contratos”, añadió.
En este sentido, explicó que “con el fin de abonar dicha deuda se les prorrogó la concesión por 10 y 12 años, hasta el 2030, con un cuadro tarifario indexado que representaría un precio de peaje de $1.800 pesos a valores actuales”.
“Encima si lo recaudado en los peajes no era suficiente para abonar esa deuda en dólares, el Estado debería compensar con recursos del Presupuesto para cumplir con el crédito que se determina”, afirmó el funcionario.
Al respecto, dejó en claro que “todo esto es escandaloso y pone de manifiesto que hubo una negociación organizada a favor de los grupos empresarios, protegiendo el interés privado por encima del interés público”.
La decisión de avanzar en este sentido fue anunciada el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández, quien señaló que “son contratos que, a nuestro juicio, son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado nacional y, fundamentalmente, a los usuarios”.
De esta manera, el primer artículo del decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial indica: “Decláranse lesivos al interés general, en virtud de la existencia de graves vicios que afectan a su legitimidad, los Decretos Nros. 607 y 608 del 2 de julio de 2018, respectivamente, aprobatorios de los Acuerdos Integrales de Renegociación Contractual de los Contratos de Concesión del Acceso Norte y del Acceso”.