Decenas de familias asentadas en al menos cuatro loteos de las localidades de Del Viso, Villa Rosa y Villa Astolfi viven con la amenaza constante de desalojo, luego de haber sido estafadas por quienes les vendieron los terrenos. Se suman a una multitud de casos individuales en circunstancias similares.
El Defensor del Pueblo de Pilar, Juan Manuel Quintana, conduce uno de los organismos públicos a los que recurren los damnificados, con suerte dispar.
El más reciente, involucra a unas 13 familias que serían desalojadas el 22 de junio de las casas que construyeron en los lotes que habían comprado en la ruta 26, entre Moyano y Ambrosetti, de Del Viso, sin sospechar que la vendedora no era la verdadera titular de esa tierra.
Según señaló Quintana en una entrevista al programa de radio Agenda Propia (105.9), es el más difícil “porque ya tiene sentencia desde el 2016”. Recordó, además, que “el año pasado se pudo parar el desalojo de un predio en la ruta 25 en el que faltaban informes y hace poco en el barrio Ferrum, de Villa Rosa, se logró frenar por una cuestión técnica el desalojo de 70 familias”.
Recomendación
Quintana aseguró que “la gente tiene que tener conciencia de que hay que hacer determinados actos cuando se compra”, para evitar la estafa.
“Compran de buena fe, pero hemos tenido casos de gente que llegó con una hoja de un cuaderno Gloria diciendo que le vendían una casa sin datos catastrales”, ejemplificó.
“Sabemos de la necesidad de vivienda que hay y que la gente no tiene conocimiento de todas las leyes. Pero la ley es muy estricta: dice que para alegar buena fe, uno tiene que haber hecho los estudios de títulos”.
Por eso, el Defensor del Pueblo dio una serie de recomendaciones “para comprar un bien registrable” ya que “si viene con boleto de compraventa, hay que asegurarse que el vendedor sea el dueño”.
“Con los datos catastrales, se hace un informe de dominio” que tiene un valor aproximado de 3 mil pesos “de la que surge quién es el dueño” del terreno.
“Una vez que está eso, es recomendable el certificado de inhibiciones, que se paga aparte. Constata si la propiedad está inhibida, embargada o hipotecada y no puede venderse”, siguió.
Y siguió: “Lo recomendable, después de eso, es hacer el boleto de compraventa ante escribano público”. Quintana señaló que “cuando el precio es demasiado barato, la gente debería desconfiar” y destacó que por estas maniobras, “hay gente que pierde todo, incluido lo que ya está construido”.
A la vez, recomendó consultar con abogados, ya que la “Defensoría puede asesorar pero no representar, salvo cuestiones colectivas”.
Informes
“En los últimos dos años, desde que soy Defensor del Pueblo, hubo cuatro casos grandes y muchos casos individuales”, dijo.
“Cuando son predios grandes, y están registrados como asentamientos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los juzgados están obligados a dar intervención del Estado”, señaló. Y explicó que “por la ley de hábitat, en algunos casos tiene que intervenir Nación para hacer el informe socioambiental” antes del desalojo
“Lo tratamos de hacer en general es ganar tiempo. Hay casos en los que el dueño es razonable y negocia”, dijo Quintana.
EN RUTA 26
Un caso complejo
El próximo 22 de junio, casi 70 personas de Del Viso serán desalojadas de sus casas y comercios, construidos en los últimos años en los terrenos que compraron “de buena fe” a quien resultó no ser propietaria del predio.
El terreno en cuestión está en Madero (ex ruta 26) entre Moyano y Ambrosetti. Las familias ya recibieron un oficio judicial que los obliga a abandonar sus casas antes del 22 de junio.
La vendedora irregular falleció y la sentencia del desalojo data de 2016, confirmada por la Cámara. Por eso, en la Defensoría del Pueblo señalan que se trata del caso más difícil de revertir.