La justicia federal allanó ayer oficinas municipales a raíz de una denuncia judicial por supuesta malversación de fondos destinados a la entrega de microcréditos para refacciones a viviendas.
Se trata del programa Mejor Hogar, que coincidió con la campaña electoral del año 2017 y que fue luego suspendido en 2018 para reactivarse otra vez en las últimas semanas.
Entre otra documentación, los agentes judiciales requirieron el convenio entre Nación, quien otorga los fondos, y el Municipio; el listado de los beneficiarios y los corralones que proveyeron los materiales.
Los microcréditos están destinados a la conexión a redes de agua, cloaca, gas e instalación segura de electricidad, contrapisos, aislación, artefactos a gas natural, revoques y pintura. Son por un monto de hasta 24.000 y hasta diciembre de 2017 se llevaban entregados más de 8.000.
Pero según la denuncia presentada por la concejal Paula González, del Frente de Todos, existen “decenas de casos” de beneficiarios que figuran en los listados pero nunca recibieron el dinero.
La denuncia presentada en el juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, apunta al intendente Nicolás Ducoté y al Presidente de la empresa estatal de Vivienda y Hábitat de Pilar (SAPEM), Federico Leonhardt, cuyas oficinas fueron allanadas ayer por la Justicia.
En el escrito se plantea la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, mal desempeño y abuso de autoridad. Señala el dinero recibido en el marco de un Convenio firmado con las Secretarías de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior -unos $300 mil según el texto del acuerdo-, “fue utilizado con fines electorales” y pide que se investigue cuál fue el destino real del dinero dado que “hubo un procedimiento ordenado y sistemático para hacerse de esos fondos y que no lleguen a los destinatarios reales, que eran los vecinos en situación de vulnerabilidad”.
