El conflicto desatado por la entrega gratuita de 16 hectáreas de tierras del Instituto Carlos Pellergini a la Unión Argentina de Rugby (UAR) tendrá destino judicial.
En los últimos días, se presentaron dos acciones de amparo con similar objetivo: suspender el traspaso de las tierras a la asociación de clubes y evitar que se retome la tala de árboles dentro del predio.
Los dos expedientes fueron presentados ante el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Uno está impulsado por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), organismo defensor de los Derechos Humanos que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el otro por la Organización Ambientalistas Autoconvocados de Pilar.
Ambos le apuntan al Gobierno de Mauricio Macri, a la Agencia Administradora de Bienes del Estado y, en el caso de los ambientalistas, también al Municipio de Pilar.
En tanto, a mediados de esta semana vencerá el plazo de la intimación enviada por el propio intendente Nicolás Ducoté a la AABE reclamando también la suspensión de la entrega de las tierras a la UAR. Caso contrario, advierte que podría recurrir a la Justicia.
Acciones
Las dos presentaciones hechas en el juzgado Federal de Campana tienen características similares. Son acciones preventivas de daño ambiental de incidencia colectiva y solicitan medidas cautelares urgentes.
Uno de los escritos fue presentado por el propio Pérez Esquivel, junto a la coordinadora Nacional del SERPAJ, Ana Almada, y la abogada de la organización, Mariana Katz. Pide suspender “los desmontes, talas, movimientos de suelo, compactación de tierra, incineración de árboles, construcción de calles consolidadas, y cualquier otra actividad” que modifique el terreno de 16 hectáreas que forma parte del Pellegrini.
También pide “que se ordene la suspensión de los efectos jurídicos del decreto del Poder Ejecutivo Nacional 518/19, mediante el cual se autoriza a la Administración de Bienes del Estado a enajenar y a disponer del predio”, ya que argumenta que “el único poder competente para proceder a la disposición de un bien propiedad del Estado Nacional es el propio Congreso Nacional”.
En el mismo sentido, reclama que se ordene la suspensión de la resolución que le da uso a la UAR de esas tierras.
La Organización Ambientalistas Autoconvocados de Pilar, en tanto, presentó una medida similar. Según entienden los impulsores, ambas acciones terminarán unificándose en una única medida.
Po otro lado, en la carta documento que le envió el viernes a la AABE, Ducoté le solicita “tenga a bien suspender los efectos del acto administrativo en cuestión (en referencia a la cesión de las tierras) y brindar -en el plazo perentorio de 72 horas- las explicaciones” del caso, “bajo apercibimiento de proceder a iniciar las acciones legales correspondientes a fin de preservar el interés de esta comuna (…) que no es otro que la concreción del Polo Educativo Regional, la priorización de la educación pública y el resguardo del patrimonio histórico y ambiental del lugar”.
El plazo para la marcha atrás con la medida vencerá mañana, por lo que de no mediar respuesta favorable, el Municipio podría sumarse a la serie de presentaciones judiciales en lo que sería una medida de carácter político inédito: el intendente Ducoté accionando contra el propio gobierno de Mauricio Macri.
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Millones de dólares es el valor de mercado aproximado de las 16 hectáreas que la AABE le cedió de manera secreta a la UAR.
Silencio
El Diario intentó conocer la posición de la Unión Argentina de Ruby (UAR) sobre el reclamo por las tierras recibidas. Hasta el momento, la entidad no se manifestó.
