La investigación por la supuesta malversación de fondos públicos con microcréditos municipales se bifurcará en una causa conexa. En este caso, la Justicia investigará, la presencia de agentes de la Guardia Urbana custodiando una casaquinta privada donde, además, se encontraron copias de documentos falsos y expedientes municipales.
La casaquinta en cuestión es la que fue allanada el viernes, por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, tal como informó oportunamente El Diario.
Ayer, González Charvay envió, además, un pedido de informes que conmina al intendente Nicolás Ducoté a brindar información sobre las funciones que cumplen tres personas de apellidos Ávalos, Leonhard (a quienes los testigos se refirieron como “el doctor”) y Giménez. El mandatario tiene 24 horas para responder el escrito.
La quinta que fue allanada el viernes se encuentra en la calle Los Jazmines, en el barrio Los Cachorros, de la localidad de Del Viso. Allí, había tres personas, dos de ellas agentes de la Guardia Urbana que, según se supo ahora, se trataba de personal femenino. El tercero fue Miguel Ávalos, un empleado del área de Seguridad que, según sus tarjetas personas, desempeñaría el cargo de coordinador.
Los tres fueron demorados hasta que declararon en calidad de testigos. Según se supo, en principio las mujeres habían informado que vivían en el lugar, aunque finalmente declararon que estaban custodiando la quinta allanada.
En el lugar, la Justicia incautó unas 30 fotocopias de DNI que serían falsificados, además de otra documentación oficial de la Municipalidad.
Esos dos hechos determinan la apertura de una causa conexca que por ahora se mantendrá bajo la órbita de la justicia federal, la misma que investiga los microcréditos.
El allanamiento del viernes fue parte de los más de 25 procedimientos judiciales llevados a cabo desde que se inició la causa, a principios de septiembre, a raíz de una denuncia presentada por la concejal Paula González, del Frente de Todos.
