Con una delimitación de los plazos para presentar los planes de soterramiento, que se acortan a seis meses en la zona comercial del centro de Pilar, el oficialismo ajusta el proyecto de cableado aéreo con la intención de vencer las resistencias de la oposición y, sobre todo, de la cámara de comercio.
Por eso, tras varios tropiezos en el Concejo Deliberante, el proyecto del oficialismo para derogar la ordenanza que prohíbe el cableado aéreo volvió a ser analizado ayer en la comisión de Lesgilación, presidida por el oficialista Diego Ranieli. La idea es que el próximo 26 de julio llegue por tercera vez al recinto se sesiones y, en esa oportunidad, consiga el apoyo de la mayoría.
Con ese escenario por delante, se formularon algunos cambios al proyecto original, que había sufrido algunos retoques que, de todos modos, no fueron suficientes para convencer a todos.
La principal modificación afecta los plazos que las empresas de servicios tendrán para presentar un plan de adecuación que termine en el soterramiento de sus redes.
De este modo, mientras que Edenor seguirá obligado a tender sus redes bajo tierra -tal como lo estableció la primera modificación al proyecto-, las empresas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sí podrán hacer sus nuevos tendidos de manera aérea, pero teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
• En el área comercial del centro de Pilar, todas las empresas, tanto las que ya tengan sus cables tendidos como las que lo hagan en el futuro deberán presentar en 180 días un plan para soterrarlos. El radio abarca la calle Rivadavia desde las 5 esquinas hasta la ruta 8, y un perímetro de varias cuadras alrededor.
• En el resto de las áreas urbanas, tanto de Pilar como de las localidades, tendrán un plazo de 24 meses para presentar el plan de adecuación. Esas zonas coinciden con las establecidas por el Código de Ordenamiento Territorial (COT).
• Por último, ese plan deberá estar listo en 36 meses para el caso de los accesos principales, y rutas provinciales y nacionales.
Los plazos rigen para presentar el plan de adecuación. Lo que no queda claro en el nuevo proyecto es qué plazo deberán respetar las empresas para soterrar efectivamente los cables.
Lo único establecido es que una década, todos los cables deberán estar tendidos bajo tierra, tanto en zonas urbanas y accesos como en la periferia.
Además, agrega sanciones para el caso de que incumplan los plazos, una instancia que no contempla la ordenanza actualmente vigente. Según trascendió, las multas a las empresas serán de 100 sueldos municipales por día.
De todos modos, la cámara de comercio de Pilar (Scipa) sigue planteando dudas.
Por el momento, las autoridades pidieron una copia de la última versión del proyecto. Hasta entonces, la titular de la entidad. Edit Domínguez, declaró: “Entiendo que nuestros representantes sabrán qué decisión tomar al respecto. Desde la cámara, en representación de nuestros asociados, entendemos que se debería hacer la inversión de soterrar los cables. Y más en los centros urbanos”.
Esa había sido la última postura del comercio, que se mostró intransigente en la previa. Ahora, la respuesta definitiva se conocerá en la sesión del 26 de julio.
