Será una semana corta pero intensa la que hoy comienza para el Concejo Deliberante. Con una sesión prevista para este jueves cargada de temas de discusión, las próximas horas serán de debate.
Es que pasado mañana, los ediles tendrán que ponerle fecha a la asamblea de mayores contribuyentes que avalará o no la toma de un crédito de 600 millones de pesos por parte del municipio. A la vez, se pondrá nuevamente en discusión el proyecto para permitir que las empresas de servicios puedan tender sus cables en superficie, un proyecto sumamente resistido por los comerciantes, que el oficialismo buscará vencer a fuerza de modificaciones.
A la vez, como contrapartida, se votará un nuevo régimen de habilitaciones comerciales, que busca facilitar un trámite que hoy es casi imposible.
El endeudamiento en cuestión está dividido en dos expedientes. Un menor, que autoriza tomar un crédito de 27 millones del Banco Provincia para la construcción de veredas. El otro, el principal, es de 600 millones, otorgado por el Nación, para pavimentos.
El aspecto más polémico es la forma de devolverlo: a 15 años, en UVA -es decir, actualizado por inflación- más un interés del 8%. Para sectores de la oposición, se trata de “una hipoteca” sobre el futuro del distrito.
La sesión de pasado mañana pondrá la fecha para que la Asamblea de Mayores Contribuyentes se reúna a debatir y votar, posiblemente para los primeros días de agosto.
El otro tema caliente será el del cableado. El oficialismo espera que la tercera vez que el proyecto para legalizar los tendidos aéreos llegará al recinto sea la definitiva, ya que las dos anteriores debió enviarlo a comisión.
El comercio es el sector que más se opone al permiso para que las empresas puedan seguir cableando sobre postes. El viernes, la plana mayor de SCIPA participó de la última reunión de comisión, en busca de forzar más cambios.
Según pudo saber El Diario, ahora proponen que en el área comprendida por las calles independencia, Pedro Lagrave, 11 de Septiembre e Ituzaingó se obligue a acelerar el soterramiento. En el resto de las áreas urbanas, se mantendría el plazo de 24 meses para presentar un plan.
En tanto, como contrapartida, se votará mañana un proyecto que propone simplificar radicalmente el trámite de habilitación de comercio, actualmente tan engorroso que puede tardar más de 10 años.
Esa iniciativa podría acercar posiciones entre el gobierno y el comercio, distanciados por distintos aspectos de la gestión, con la seguridad como principal grieta.
