El tarifazo de los servicios, uno de los puntos salientes de la agenda pública, se metió ayer de lleno en la sesión de ayer del Concejo Deliberante.
Dos puntos del orden del día estuvieron atravesados por la discusión, que se calentó con la participación en el recinto de vecinos afectados por los aumentos de las tarifas.
La primera de las iniciativas en debate fue la propuesta del gobierno de Nicolás Ducoté de reducir o eximir de tasas a sectores vulnerables para reducir el peso de los aumentos.
El decreto firmado el miércoles tendrá vigencia por tres meses desde el 1 de mayo. Reduce en un 25% las tasas de Seguridad e Higiene y de Habilitaciones para pequeños comercios. A la vez, exime del pago de Servicios generales a discapacitados, electrodependientes y beneficiarios de tarifas sociales.
La otra iniciativa, presentada por el Frente Pilarense, proponía declarar la emergencia tarifaria.
Merced a sus acuerdos con sectores de la oposición, el oficialismo volvió a manejar el resultado con comodidad: aprobó el apoyo al decreto de Ducoté y rechazó la declaración de la emergencia.
Al presidente del HCD, Gustavo Trindade, le tocó lidiar con el enojo de los vecinos, que interrumpían las intervenciones de los oficialistas. Varias veces pidió respeto y hasta advirtió con un desalojo que, finalmente, no fue necesario.
El concejal Daniel Liberé pidió incluir a los clubes, comedores y merenderos en el beneficio y reconoció que aunque “esto no soluciona el tema, tampoco le voy a echar la culpa al intendente”.
La massista Claudia Juanes, a su vez, pidió que durante los 90 días que rija la medida “se estudie una propuesta más abarcativa para todos”.
El peronista José Molina, en cambio, calificó el beneficio como “un paliativo que no existe, una buena voluntad que muestra (el gobierno) porque sabe que el pueblo está de vuelta en la calle”.
“Están atacando a la clase media, a la clase trabajadora”, dijo, y advirtió que “vamos al 2001”.
