Polémica

Afirman que funcionario libertario adquirió una casa en Pilar con un crédito del Banco Nación

Federico Furiase, "número 2" del Ministerio de Economía, habría comprado una vivienda en un barrio cerrado valuada en 300 mil dólares, mediante un crédito a tasa subsidiada.

9 de abril de 2026 - 10:16

Mientras continúa la polémica por el otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco Nación a medio centenar de funcionarios, en el día de ayer trascendió que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, habría adquirido una casa de lujo en Pilar tras acceder a este beneficio.

La información fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en C5N, quien afirmó que el "número 2" del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, accedió a un crédito del Banco Nación a tasa subsidiada por más de $300 millones para la compra de una vivienda en el barrio privado Los Pilares, pese a contar ya con otras dos propiedades

Tal como indicó el periodista, Furiase recibió un crédito para adquirir una casa de u$s300.000. “Se trata de una propiedad de 200 metros cuadrados, de dos plantas, edificada en un predio de 880 metros cuadrados, comprada el año pasado”, detalló Bercovich.

“Lo más grave del caso es que no se trata ni siquiera de una segunda vivienda, sino de una tercera, ya que Furiase posee otras dos propiedades en Ramos Mejía, registradas a su nombre en el Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

“Estas líneas de crédito, que tan útiles son para personas que necesitan resolver su problema de vivienda, fueron modificadas por esto gobierno para hacerlas más generosas y los únicos que acaban calificando son los altos funcionarios como Furiase”, analizó Bercovich, que además reveló que el secretario de Finanzas ya tiene otro crédito hipotecario con el Banco Ciudad y ahora recibió este del Banco Nación

La información revelada anoche reaviva las críticas por el otorgamiento de estos beneficios a altos funcionarios. Cabe destacar que ya se radicaron por este asunto al menos tres denuncias en la justicia federal, que deberán determinar si existieron irregularidades, tráfico de influencias o algún delito.

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