La principal tasa de Pilar, en manos de la Corte Suprema

La principal tasa de Pilar está bajo amenaza. Un planteo judicial de la petrolera Axion cuestiona el cobro de Inspección por Seguridad e Higiene en el municipio de Quilmes. Y un fallo adverso sería el inicio de un efecto dominó para el resto de las comunas que perciben el tributo.
Por eso, 40 intendentes bonaerenses de diferentes espacios políticos, con el pilarense Nicolás Ducoté entre ellos, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para tratar de evitar lo que, consideran, sería una hecatombe para las arcas públicas. 
Lo hicieron bajo la figura del amicus curiae, que permite aportar a causa sin ser parte. Al menos, no formalmente.
En Pilar, la tasa de Seguridad e Higiene aportará el año que viene unos $1.660 millones, según el cálculo del presupuesto 2019, aprobado por el Concejo Deliberante.
Equivale al 25% de todos los ingresos previstos y al 42% de lo que el Municipio piensa recaudar por tasas y derechos. Por eso, se entiende que los jefes comunales evalúen como una catástrofe la eliminación o, incluso, una reducción drástica de la tasa.
Desde hace cerca de dos décadas, la tasa se calcula en base a la facturación de las empresas. Casi igual que el impuesto a los Ingresos Brutos que cobra la provincia. Esa superposición es el principal argumento de Axion contra el tributo. Antes, la forma de cálculo era sobre los metros cuadrados de las empresas a inspeccionar, lo que daría un monto mucho menor. 
Desde que se cambió la base imponible, Seguridad e Higiene ganó cada vez más importancia relativa en los presupuestos municipales. En el del año que viene, superará en Pilar por más de 500 millones a lo que se espera recaudar por Servicios Generales, la tasa que grava los inmuebles. 
Además de Ducoté, la carta está firmada entre otros por Alberto Descalzo (Ituzaingo), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Andrés Watson (Florencio Varela), Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y los macristas Jorge Macri (Vicente López) y  Diego Valenzuela (3 de Febrero). 
“Está en juego la viabilidad económica de todos los municipios de la provincia. Representa el 34% de los ingresos”, dijo en declaraciones periodísticas Antonio Hernández, el abogado constitucionalista que los representa. Los jefes comunales señalaron que “muchas veces” se ataca al municipalismo que es considerado como “el culpable” de la alta presión tributaria de la Argentina.
“Solamente por desconocimiento de la cuestiones o por defensa de intereses corporativos se puede decir algo así”, lanzaron los intendentes en un texto dado a conocer a la prensa.
Hace poco más de un mes, varios intendentes se habían reunido con el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz. Ahora verán a Horacio Rosatti, ex intendente de Santa Fe.
Según se espera, la Corte emitirá su fallo durante 2019. El último antecedente es favorable. El máximo tribunal bonaerense había dictaminado a favor de los intendentes cuando le tocó decidir.