En una votación apretada, el Concejo Deliberante convalidó ayer el acuerdo entre el Municipio, la Universidad Tecnológica nacional (UTN) y un grupo de empresas privadas para aplicar el sistema de fotomultas en rutas y calles del distrito.
Ahora, resta definir el lugar en el que serán colocadas las cámaras, una decisión que también debe convalidar el Concejo Deliberante. De ahí en adelante, ya podrán comenzar a instalarse.
Un cambio en la ordenanza, establece también que al menos la mitad de los fondos que ingresen por multas, deberá usare para aplicar la ordenanza de seguridad vial, vigente desde 2015, pero nunca puesta en práctica.
De hecho, la falta de políticas viales fue uno de los argumentos que esgrimieron los que votaron en contra. El otro, fue lo brumoso de un negocio en el que no queda claro el rol de los privados y que viene siendo denunciado en varios de los municipios que aplican el sistema desde antes que Pilar.
La medida fue acompañada por el oficialismo y una parte del PJ, mientras que el Frente Pilarense y el Frente Renovador se manifestaron en contra.
La votación quedó 11 a 11, por lo que fue clave el voto del presidente del cuerpo, el oficialista Gustavo Trindade. No se trató, técnicamente de un desempate, ya que el titular del cuerpo tiene facultad para votar en forma normal. Sí habría tenido que desempatar en caso de que hubiese estado presente Nicolás Darget, incorporado hace poco al massimo, quien había anticipado su voto negativo, pero estuvo ausente aduciendo motivos personales. De todos modos, la votación son su mano en contra habría quedado 12-12, habilitando el voto doble de Trindade. El resultado, en definitiva, no hubiera cambiado.
El massista Daniel Liberé señaló que "no hay estudios ni estadísticas” que avalen la medida, cuyos impulsores están "solamente preocupados en facturar”.
A la vez, puso de relieve que a través de la UTN, que es quien aparece en el convenio "se triangula una contratación que debería ser por licitación”.
"Es un negocio para pocos en el que el municipio tiene que correr con los gastos”, advirtió.
Osvaldo Pugliese, también del Frente Renovador, fue más allá: "La UTN es la cáscara, una falsedad del convenio que se replica en otros municipios, algunos de los cuales están volviendo sobre sus pasos”, dijo.
Ese es el caso de San Antonio de Areco, que rescindió el convenio por incumplimientos de la contraparte y ahora está llamando a licitación para volver a instalar el servicio, pero con reglas más claras.
Santiago Laurent, del Frente Pilarense, calificó de "inexplicable” que se adopte la decisión en Pilar "tras las experiencia de otros municipios”.
A la vez, señaló que "no es cierto” que haya una ley que impida que el servicio se contrate mediante licitación pública.
"Esto es solo recaudatorio. En este caso, no están haciendo lo que hay que hacer”, apuntó, ironizando con el eslogan de Cambiemos.
La presidenta de la comisión de Transporte, la peronista, Marcela González, aseguró que el proyecto no se votó de forma "apurada o caprichosa”.
"Le venden a doña Rosa que se las van a poner en la esquina de la casa. Esto se va a estudiar por gente con experiencia y será en lugares estratégicos, ni Monterrey, ni la Verde ni Pinazo”, dijo.
Voto a voto
Votaron por la afirmativa Juan Manuel Quintana, Claudia Zakhem, Sebastián Nuespiller, Gustavo González, Carmen Murgia (Cambiemos); Gustavo Trindade (Espacio Abierto); Ricardo Male, Guillermina Sánchez, Alfredo Hermida (Unibloques); y los peronistas Juan Pablo Roldán, Marcia González y Marcela González. Fueron 12 votos.
Por la negativa votaron Adrián Maciel, Osvaldo Pugliese, Hugo Rosso, Alberto Zapata, Inés Ricci, Silvio Rodríguez y Daniel Liberé (Frente Renovador); Federico Achával y Santiago Laurent (Frente Pilarense); Juan Luna y Sebastián Pérez (PJ).
Daniel Liberé (FR): "Están solamente preocupados por facturar. Preocupa que el convenio, de cuatro años, excede el mandato y condiciona al próximo gobierno”.
Marcela González (PJ): "Le venden a doña Rosa que (las cámaras) se las van a poner en la esquina de la casa. Se va a estudiar por gente con experiencia, para lugares estratégicos. Ni Monterrey ni la Verde, ni Pinazo”.
Osvaldo Pugliese (FR): "La UTN es la cáscara, esa es la falsedad del convenio que se replica en otros municipios, algunos de los cuales están volviendo. Hasta la política de Agencia Nacional de Seguridad Vial está en contra”.
Santiago Laurtent (FP): "Están queriendo volver atrás. No tiene acciones de seguridad vial, no se envía la información estadística de infracciones. Lo único que reciben municipios es dinero”.
Claudia Zakhem (Cambiemos): "Nadie va a más 80 km/h en la General Paz porque nos educaron así. Acá, estamos acostumbrados a enterrar a vecinos de Derqui por accidentes”.
