El viernes último, en Pilar hubo advertencias en 21 establecimientos. En Moreno ya identficaron a siete menores y la Fiscalía pidió embargar a sus familias.
Las amenazas aparecieron entre jueves y viernes. La policía custodió las escuelas involucradas.
Continúa la conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas, ya con acciones policiales y judiciales. Se supo en las últimas horas que solo en la provincia de Buenos Aires se radicaron unas 1.000 denuncias por pintadas, carteles y fotografías con armas en redes sociales.
Mientras tanto, identificaron a alumnos detrás de las amenazas en el Partido de Moreno y pidieron embargar a sus padres. Y en Mar del Plata, los progenitores de estudiantes identificados deberán afrontar los gastos de los operativos policiales.
Cabe recordar que, en Pilar, entre jueves y viernes se acumularon 21 amenazas en establecimientos de todo el Partido, lo que motivó que la policía estableciera una custodia en cada una de estas escuelas.
En las últimas horas trascendió que, en Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, a cargo de la UFI N°6 de Moreno - General Rodríguez, en coordinación con Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7 del mismo distrito, solicitó embargos para los padres de alumnos que estuvieron detrás de amenazas de tiroteos en escuelas. La investigación logró identificar a siete menores, dos de 16 años y, por lo tanto, punibles.
Así, la DDI local realizó este martes siete allanamientos. En algunos los agentes secuestraron armas, que serían las mismas que habrían sido exhibidas en redes a modo de amenaza por los estudiantes investigados.
También incautaron celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos. Durante el operativo, se notificó a los sospechosos por el delito de intimidación pública.
Si bien aún no está estimado el monto del daño ocasionado, el embargo debe ser dispuesto por la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino. El valor deberá ser establecido por la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, tal como sucede con los llamados al 911 por amenaza de bomba.
Se tomarán en cuenta los gastos que generaron las investigaciones, los procedimientos policiales y los que se produzcan por el cambio de protocolos en las escuelas.
(DIB)