El Gobierno de la Provincia aprobó un nuevo régimen para definir quiénes reciben viviendas sociales construidas con la financiación del Estado.
El Gobierno de la Provincia aprobó un nuevo régimen para definir quiénes reciben viviendas sociales construidas con la financiación del Estado.
La Provincia oficializó un nuevo régimen para la adjudicación de viviendas sociales y la regularización dominial en barrios populares. La medida, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, busca unificar criterios, agilizar trámites y mejorar el acceso a soluciones habitacionales para sectores vulnerables.
La normativa establece un marco general de actuación para el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que será el encargado de implementar el régimen en los procesos de reurbanización integral. Entre sus objetivos se encuentran ordenar la selección de beneficiarios, definir criterios de adjudicación y establecer mecanismos de control y convivencia entre adjudicatarios.
El decreto faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto habitacional. En estos se definirán aspectos clave como el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales para casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica.
La disposición establece que los valores de las viviendas sociales no podrán incluir ni las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo, con el objetivo de garantizar condiciones más accesibles para los adjudicatarios.
Asimismo, la norma dispone que este régimen será complementado, en los aspectos no previstos, por el Decreto N°134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia de Buenos Aires. También se exceptúa a estos procesos de otras disposiciones administrativas para agilizar su implementación.
La iniciativa se enmarca en la política de acceso justo al hábitat establecida por la Ley N°14.449 y en principios constitucionales vinculados al derecho a la vivienda. En ese marco, se contempla tanto la construcción de nuevas unidades habitacionales como la regularización de barrios informales y se prevé además la intervención de la Escribanía General de Gobierno en la formalización de los actos notariales necesarios, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica en las adjudicaciones y titularizaciones.