Tras la audiencia pública y la caída de los amparos que frenaron los aumentos en las facturas de electricidad, en Pilar comenzaron a llegar nuevamente las boletas con cifras exorbitantes.
Desde la Defensoría del Pueblo aseguraron que ya acudieron varios frentistas a realizar reclamos. El caso más controvertido es el de una vecina a la que le llegaron 2.700 pesos de energía y paga 2.500 de alquiler.
"No son claros los cálculos que hacen, están cobrando mucho más que solo el servicio, lo que hace que los valores finales sean mucho más abultados”, explicó el Ombudsman, Juan Pablo Trovatelli.
En la mayoría de los casos que se presentaron en la Defensoría, los vecinos no pueden hacer frente a los montos que pretenden cobrarles.
"Estamos analizando cuáles son las medidas que vamos a tomar”, remarcó Trovatelli, que no descartó realizar una presentación judicial colectiva.
Además, el Defensor puso en duda el consumo que figura en cada una de las facturas que llegaron a sus manos: "En todos los casos creo que el consumo es muy elevado para los electrodomésticos que los vecinos aseguran que utilizan en sus casas. Algunos dicen que solo tienen una heladera, un televisor y un lavarropas” y agregó: "Y estamos hablando de consumo domiciliario y no comercial”.
Resistencia
Además de las apelaciones que analiza la Defensoría del Pueblo, ven posible que los vecinos realicen presentaciones de amparos individuales. "Si un jubilado cobra 5.000 pesos y pretenden cobrarle 2.000 por consumo eléctrico, están afectando el derecho a la vida digna y el acceso a los servicios”, explicó Trovatelli.
Si bien todavía hay muchas facturas que llegaron con un retroactivo de subsidios y del sistema PURE, los vecinos comienzan a recibir los costos con valores retrotraídos al aumento que el Gobierno nacional impuso en el mes de marzo.
Esto se debe a raíz de que los amparos de Pilar, La Matanza y San Martín, cayeron ante la negativa de la Corte Suprema a un amparo de iguales características. A lo que se sumó la realización de la audiencia pública convocada por el Estado nacional, con la que cumplimentó la ley para legalizar el tarifazo.
