Lo que pidió
• Un año de duración de la emergencia.
• Facultades que, según las normas, corresponden al Concejo Deliberante.
• Disposición sobre el personal municipal para reasignar tareas, horarios y suspensión de horas extra.
• Poderes para renegociar deudas y contratos con proveedores de bienes y servicios.
• Posibilidad de generar planes de pago para contribuyentes morosos.
• Verificación de las deudas atrasadas con los proveedores, a los que se exigirá un libre deuda.
Lo que le dieron
• Seis meses de emergencia con posibilidad de prórroga pasando por el HCD.
• El Concejo aclara que no delegará facultades otorgadas por las leyes.
• La ordenanza final no hace mención a los temas vinculados al personal y los salarios.
• Poderes para renegociar deudas y contratos con proveedores de bienes y servicios.
• Posibilidad de generar planes de pago para contribuyentes morosos.
• Verificación de las deudas atrasadas con los proveedores, a los que se exigirá un libre deuda.
El flamante gobierno de Nicolás Ducoté sufrió ayer su primer traspié en el Concejo Deliberante. La ordenanza con la que buscaba hacerse de facultades extraordinarias durante todo el primer año de su gestión debió someterse a una poda sustancial para conseguir la aprobación.
Así, la emergencia económica y administrativa fue sancionada por un plazo menor que el solicitado y con una acotada transferencia de atribuciones del Concejo al Ejecutivo.
El gobierno consiguió autorización para manejar con amplia discrecionalidad la deuda pública y los contratos con proveedores. Pero chocó con la oposición generalizada a incluir en la ordenanza la carta blanca para meter el bisturí en materia de personal.
Los cambios en el texto se dieron sobre la hora, negociados durante un cuarto intermedio de más de dos horas en medio de la sesión.
Fueron reuniones tensas, en las que los gritos traspasaron las delgadas paredes del recinto en el que los ediles de la oposición consensuaron los cambios con sus pares del oficialismo, acompañados por funcionarios y asesores. Entre éstos últimos, se destacó el papel del juez de Faltas Diego Ranieli, que en un doble rol ofició como una de las principales espadas del ducotismo. Estuvo secundado por el asesor todo terreno del nuevo gobierno, Carlos Arena.
Finalmente, la ordenanza se aprobó por mayoría, con la abstención del bloque del Frente Pilarense para la Victoria, que integran los concejales Federico Achával y Santiago Laurent.
El resto del peronismo y Frente Renovador, dieron el visto bueno a la redacción final de la ordenanza, destacando la apertura al diálogo.
Cambios
La ordenanza que declara la emergencia llegó el lunes al Concejo, con la decisión de votarla un día después, sin pasar por el previo debate en comisión.
Apenas conocido el texto se generó un revuelo político de proporciones entre los ediles de la oposición, que se apresuraron analizar el texto con sus asesores. Algunos, incluso, participaron de una reunión con funcionarios en el palacio municipal el mismo lunes por la noche.
Pero los cambios no se acordaron hasta ayer a la mañana. De hecho, el texto que se leyó por secretaría en el arranque de la sesión era el mismo enviado el lunes. Por eso, de inmediato se llamó a un cuarto intermedio para recortar la concesión de “superpoderes”.
El resultado fue bastante distinto al pretendido. En principio, la norma regirá por 180 días en lugar de por un año. Y se eliminaron los artículos que pretendían amplias facultades para modificar condiciones de trabajo y recortar horas extra a los trabajadores.
Ayer, durante el debate del proyecto, Achával se refirió a la medida como una suerte de “flexibilización laboral” a la que le puso freno.
También desde el bloque del Frente Renovador, el concejal Adrián Maciel se mostró satisfecho por “defender a los trabajadores”, aunque aclaró que no será así con “los que no trabajan”.
Gustavo Trindade, por su parte, señaló que “nadie quiere legislar en contra de los trabajadores”, pero recordó que los ediles fueron elegidos para “defender al pueblo de Pilar”.
Incluso, Claudia Zakhem, la única oficialista que habló, aclaró que la intención “no es perjudicar a los que trabajan sino perseguir a los que se aprovechan del Estado”. Llamó la atención el silencio del resto de los ediles de Cambiemos.
Los representantes gremiales de los municipales, Oscar Radaeli (ATE) y Luis Molina (STMP) también celebraron el resultado de la votación.
Ajuste
Con la nueva ordenanza, el gobierno adelanta la realización de un ajuste con “reducción y racionalización del gasto público”. Para eso, obtuvo facultades para renegociar contratos, plazos de pago y entregas de bienes con los proveedores.
También tendrá autorización para establecer planes de pagos de deudas a los contribuyentes, lo que fue leído por la oposición como la posibilidad de declarar una moratoria sin que el Concejo apruebe sus alcances.
También podrá reasignar partidas, incluso de fondos afectados.
“Los efectos de esta ordenanza son un riesgo”, advirtió Achával, que hizo corresponsables a los ediles que votaron por la afirmativa por los efectos de las medidas.
Trindade, por su parte, buscó las responsabilidades hasta atrás, en el estado de la deuda que encontró la actual gestión, del orden de los 203 millones. Una cifra que para los ex oficialistas, “no refleja una crisis grave sino apenas alrededor del 10% del presupuesto”.
Un último artículo agregado ayer establece que “el Concejo Deliberante no delega atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia ni la Ley Orgánica de las Municipalidades”.
“No habrá despidos masivos. Hay áreas donde sobra gente pero falta en otras”.
Juan Pablo Martignone, Coordinador de Gabinete.
“Logramos modificar dos puntos fundamentales para cuidar al trabajador municipal”.
Adrián Maciel, Frente Renovador.
“Esta delegación de facultades es un riesgo. Tendrá una reglamentación que el HCD no verá”.
Federico Achával, Frente Pilarense para la Victoria.
“Si el gobierno entiende que tiene que tomar medidas con el personal, que convoque a los sindicatos”.
Nicolás Darget, Justicialismo.
“Lo último que se tiene que tocar es el sueldo de un trabajador, sobre todo cuando cumplió con su trabajo”.
Juan Luna, FpV.
“No perseguimos a los trabajadores sino a los que se aprovechan del Estado y de los que trabajan”.
Cluadia Zakhem, Cambiemos.
