El Senado bonaerense convirtió ayer en ley la expropiación de un predio del barrio Los Cachorros donde viven cinco familias con la constante amenaza del desalojo.
Es que los habilitantes del terreno en cuestión habían sido estafados hace unos ocho años con la compra de las tierras en las que, desde entonces, levantaron sus casas.
Ahora, el Estado provincial comprará las tierras a sus legítimos dueños y se las vendrá en cuotas a sus quienes viven en ellas.
De acuerdo al texto de la ley aprobada ayer, se trata de dos fracciones ubicadas sobre la calle Luis Agote al 200, donde limitan los barrios Los Cachorros y De Vicenzo. Ambas están a nombre de Jorge Luis Gaute.
“Los inmuebles citados serán adjudicados en propiedad a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construcción de vivienda propia”, indica el texto.
El valor de las tierras aún no fue fijado. Sí se estableció que “los adjudicatarios abonarán cuotas mensuales que no podrán exceder el diez por ciento de los ingresos del núcleo familiar”, en tanto que “el plazo se convendrá entre el Estado y los adjudicatarios, no pudiendo ser inferior a diez años, ni superior a veinticinco”.
A su vez, señala que “las mejoras existentes en los inmuebles a expropiar, se presumen realizadas por los ocupantes”.
Condiciones
Para poder se beneficiarios de las medidas, los vecinos deberán acreditar una ocupación efectiva del inmueble no inferior a dos años y no poseer inmuebles a su nombre.
Asimismo, se obligará a destinar el inmueble a vivienda familiar y levantarla en el plazo de cinco años, a partir de la fecha de adjudicación, aunque todas las casas ya están construidas y habitadas.
Tampoco podrán enajenar, arrendar, transferir o gravar el inmueble objeto de la venta, por un plazo de diez años y deberán cumplir con las obligaciones fiscales que grave el inmueble desde la fecha de adjudicación.
Asimismo, establece que “la escritura traslativa de dominio a favor de los adjudicatarios, será otorgada por la Escribanía General de Gobierno, estando exenta del pago del impuesto al acto”.
“El gasto que demande la presente, será atendido con el ‘Fondo de Acceso a la Tierra en Función Social’, creado por el artículo 77° de la Ley N° 13.929”, apunta la ley.
La ley de expropiación establece un rol para el Municipio de Pilar que, a pedido del Ejecutivo bonaerense, tendrá que encargarse de “la realización de un censo integral de la población afectada, a fin de determinar mediante el procesamiento de datos recogidos, el estado ocupacional y socio-económico de los ocupantes”.
Espada de Damocles
“Todavía no lo pueden creer, están como en shock, pero seguramente esto lo vamos a festejar”, sostuvo la militante del Partido Obrero Nora Eliçabe. La mujer acompañó desde el principio el reclamo de las familias para no ser expulsadas de las tierras en las que habían edificado sus casas. Y ayer fue con ellos también a La Plata a presenciar la sesión en la que se aprobó la expropiación.
Según contaron las familias beneficiadas por la medida, ellas compraron las tierras en el 2004 a una persona de apellido Flores.
Pero la sorpresa llegó en 2010, cuando una orden judicial les llegó dándoles aviso de que los propietarios habían iniciado acciones legales para recuperar esos terrenos.
Allí comenzó una negociación que pasó de 15 mil dólares iniciales a 30 mil y luego a más de 40 mil. Pero finalmente, los dueños desistieron de vender.
Rechazo local
La Legislatura sí, el Concejo no
El año pasado, cuando el proyecto para expropiar los terrenos en Los Cachorros recién había ingresado a la Legislatura bonaerense, el tema tuvo su rebote en el Concejo Deliberante.
La por entonces concejal de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, presentó un proyecto para declarar de interés municipal las tierras. La medida no tendría efectos concretos, pero estaba pensada como un aporte para que la ley provincial saliera más rápido.
Sin embargo, la idea chocó contra la férrea negativa del bloque del Frente para la Victoria, con su presidenta, la concejal Liliana Alfaya como vocera. Para los oficialistas, una declaración semejante hubiera equivalido a convalidar las usurpaciones.