por Graciela Baroldi Alem
Cuando alguien habla por boca de otra persona tiene que hacerse cargo de lo que dice, jamás he realizado comentarios públicamente de los militantes de otro partido, pero en virtud de ciertas declaraciones efectuadas en estos días por un integrante del Frente Amplio Progresista Pilar y siendo Candidata a Concejal también por ese espacio, representando al Gen -partido liderado por Margarita Stolbizer- es perentorio hacer las aclaraciones pertinentes.
Más aún, cuando siendo Arquitecta y Urbanista con perfil medioambiental, mi formación y manera de pensar no pueden dejar pasar ciertas expresiones que atentan sobre el saber, cuestiones y juicios de valores equívocos.
Entrando directamente al tema, existen normas que es obligatorio cumplir para no caer en un libertinaje, entre ellas la ley (de facto) 8912/77, de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la Provincia de Buenos Aires, que ya lleva más de tres décadas desde su sanción.
Los gobiernos democráticos provinciales y sus correspondientes legislaturas, que transcurrieron desde la democracia de 1983, sólo rediseñaron muy poco artículos. Es necesario plantear, a la sazón, la actualidad de la norma mencionada en virtud de las nuevas maneras de concebir las evoluciones del planeamiento, fundamentalmente, dentro de un contexto histórico totalmente diferente al del momento de su sanción.
No obstante, es preciso respetarla y avanzar en su modificación en relación a los problemas de inseguridad de conocimiento público, pensando que el auge de los emprendimientos privados de viviendas residenciales responden en su creación a la falta de intervención y solución del Estado ante los problemas de carencia de infraestructura de servicios, seguridad civil y vial, centros de abastecimiento diario, centros educativos-culturales-deportivos, etc.
El Partido de Pilar padece en general, como a escala provincial y nacional, la carencia de esos elementos que hacen a la compleja convivencia en las ciudades. La utopía de la obtención de una vida mejor, con mayor calidad y expectativas de confort, se alcanza en cierto grado en estas pequeñas comunidades, originadas a partir de clubes de campo, barrios cerrados y condominios privados.
Aquellos barrios abiertos que quedaron fuera de esos sistemas cercados hoy están abrumados por el constante delito y en su desesperación tratan de copiar estas figuras legales recurriendo a la palabra de algunos administradores públicos, que en vez de tomar el toro por la astas y resolver en profundidad los problemas expuestos, generan parches a fin de enmendar su ineptitud.
Estimados vecinos, la tendencia actual del I-CAPBA (Instituto de Estudios y Gestión Urbanos, Territoriales y Ambientales del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires), del que soy dirigente dentro del distrito V, ya se ha expedido al respecto manifestando: uno de los objetivos enunciados en el artículo segundo (sorprendente por la autoridad de la cual emana la ley 8912) propicia la «participación orgánica de la comunidad en el proceso de ordenamiento territorial», que habilita a las autoridades municipales a encarar con características participativas el planeamiento de su territorio, siendo este rasgo, el de la participación comunitaria, uno de los aportes más positivos de las actuales corrientes del planeamiento. La participación e involucramiento de la comunidad son, hoy en día, un requisito indispensable para el éxito de cualquier actuación o intervención urbana. Claro que a pesar de este carácter anticipatorio (que también se verifica con respecto a la preservación del medio-ambiente y la preservación del patrimonio) ha sido evidente su falta de aplicación en la práctica.
De todo lo expuesto se desprende la necesidad de recurrir a una audiencia pública a fin de que las partes involucradas puedan exponer sus puntos de vista y dirimir las diferencias con la intervención de los profesionales específicos y del Estado a través de la Justicia.
Por lo tanto, queda claro ante la comunidad de Pilar mi opinión respecto al cierre ilegal de calles públicas, que a pesar de reconocer la problemática estimo que la solución drástica por el momento no existe, salvo que todos los actores involucrados se comprometan con la intención de la ley que regula el uso del suelo, en el artículo segundo mencionado, en el que la sociedad tiene derecho a participar en el planeamiento del territorio.
Como corolario, de lo que es factible lograr cuando la sociedad se lo propone, presentó las imágenes de un caso con procesos de iniciativa y participación pública. En el barrio abierto Vauban en Friburgo de Brisgonia, SO de Alemania, las áreas que ocupó una base militar francesa quedaron libres tras la reunificación. Ocupado por grupos desfavorecidos y estudiantes, generó un foro de reflexión sobre la vivienda, integrado actualmente por 5.000 personas. Es un barrio pensado por y para la gente. Diferentes ONG, cooperativas, mutualistas, se unieron con profesionales para planear el barrio y las viviendas. Constituyendo hoy en día, un modelo ejemplar de barrio sustentable, visitado y analizado por especialistas y profesionales a nivel mundial.
*Arquitecta FADU. UBA. Perito de Oficio de la Justicia. Docente e investigadora universitaria. Candidata Concejal FAP 2011. Artista Plástica.