La Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense resolvió por unanimidad asumir el rol de acusador contra la fiscal del Departamento Judicial San Isidro, María del Carmen Gigante, por mal desempeño en sus funciones.
La acusación se basó en tres expedientes por la comisión de distintas infracciones durante su gestión en las unidades funcionales de instrucción (UFI) 2 de Pilar y 2 de Tigre y como Fiscal de Juicio ante el Tribunal en lo Criminal 5.
La denuncia fue impulsada por el ex senador derquino José Molina, hoy titular de Medio Ambiente bonaerense (OPDS) y el por entonces diputado Guido Lorenzino Mata. Se le adjudicó a Gigante en diferentes casos no haber requerido allanamientos para continuar la pesquisa; delegar la investigación; no presentarse en el lugar de los hechos y no recabar pruebas.
También se le imputó disponer el archivo de una causa sin informe médico legal ni haber escuchado a la víctima; ausencia total de investigación; confundir roles procesales y atraso en la producción de pruebas.
Entre ellos figuran mal desempeño en una causa de abuso sexual; no incorporar los estudios de alcoholemia y un envase de bebida incautado en el interior del camión en una causa por la muerte de un menor de edad embestido por un transporte, cuyo chofer estaba en estado de ebriedad; no concurrir a la escena del crimen en un hecho de homicidio, ni en otro de abuso sexual.
La tercera denuncia la impulsa María Catalina Giménez, madre de Verónica Magdalena Giménez, una joven de 20 años, quien padece un retraso mental que equipara su madurez psíquica a la de una niña de entre 7 y 8 años, quien fuera víctima de abuso sexual con acceso carnal.
El acusado, Francisco Javier Centurión, resultó absuelto por el Tribunal en lo Criminal 7 de San Isidro porque no existía prueba científica que permitiese acreditar el hecho, y se hizo responsable de esta falencia a Gigante, por haber sido ésta la responsable de llevar a cabo la investigación penal preparatoria.
Otra de las causas que originan el pedido de juicio político es la iniciada con la denuncia de Gisela Vanesa Vaellio en contra de su concubino, Marcelo Augusto Escalada, quien el 15 de septiembre de 2007, en el marco de una discusión conyugal, la habría golpeado y provocado lesiones que se certificaron a partir del parte médico inserto.
Sin embargo, posteriormente Gigante dispuso el archivo de la causa, argumentando que “los solos dichos de la denunciante en cuanto ha sindicado a Escalada como autor, resultan insuficientes por el momento para tener por acreditados”.