Según el Anuario de Estadísticas Vitales publicado por el gobierno, la tasa pasó de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos. Detalles.
Por primera vez en más de dos décadas, la tasa de mortalidad infantil en Argentina experimentó un incremento significativo de 0,5 puntos. Según el Anuario de Estadísticas Vitales publicado por el gobierno, la tasa pasó de 8 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos. El dato, considerado uno de los indicadores más sensibles del desarrollo social, refleja el impacto combinado de problemas sanitarios y condiciones socioeconómicas adversas.
El informe precisa que durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año. La suba interrumpió una tendencia de descenso sostenido que se mantenía desde comienzos del 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos.
El repunte de la mortalidad infantil no solo impacta en las familias afectadas, sino que funciona como una señal de alerta para las políticas públicas. La infancia suele ser el primer sector en reflejar las crisis económicas y sociales, y los datos actuales reabren el debate sobre la necesidad de fortalecer la atención materno-infantil y reducir las desigualdades que persisten en el país. Desde sectores técnicos y políticos han surgido voces de alerta, ya que este incremento es un "llamado de atención" para que el ajuste no afecte políticas clave de maternidad e infancia.
Las principales causas de muerte en menores de un año siguen siendo las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas. Se trata de cuadros que, en gran medida, pueden prevenirse con controles prenatales adecuados, atención médica oportuna y un sistema de salud con capacidad de respuesta.
Sin embargo, el aumento no se distribuye de manera homogénea en el país. Las provincias del norte argentino registran las tasas más altas, en un contexto marcado por mayores niveles de pobreza, menor infraestructura sanitaria y dificultades para acceder a servicios básicos de salud. La brecha territorial vuelve a quedar expuesta en los indicadores más críticos.
A esto se suma la fuerte caída de la natalidad. Con menos nacimientos, la tasa de mortalidad infantil puede aumentar aun cuando el número total de muertes no crezca en la misma proporción. Para los especialistas, lejos de relativizar el problema, este fenómeno obliga a una lectura más profunda del deterioro social que atraviesa a la primera infancia.
El aumento de la mortalidad infantil no es un dato aislado ni una simple variación estadística: es una señal de alerta que expone las fisuras más profundas del sistema social y sanitario. Cuando mueren más bebés, lo que falla no es solo la medicina, sino el entramado de políticas públicas que debería garantizar condiciones mínimas de cuidado y protección desde el inicio de la vida.
La experiencia histórica demuestra que la mortalidad infantil baja cuando el Estado invierte en salud, prevención y acompañamiento a las familias más vulnerables. Su repunte, en cambio, habla de retrocesos, desigualdades persistentes y decisiones que impactan de manera directa sobre quienes menos capacidad tienen para defenderse: los recién nacidos.
Ignorar esta señal sería naturalizar una tragedia evitable. Revertirla exige mucho más que discursos: requiere fortalecer la atención materno-infantil, reducir las brechas territoriales y volver a colocar a la infancia en el centro de la agenda pública. Porque detrás de cada número hay una vida que no llegó a empezar.
