Así lo reveló un estudio de la UBA sobre la Salud Mental en Argentina. Ansiedad, insomnio e irritabilidad son los síntomas más frecuentes. Detalles.
El 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. En este contexto, un informe de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió las alarmas: más del 35% de los argentinos reconoce atravesar algún tipo de malestar psicológico, y cerca del 9% alcanza valores compatibles con riesgo de trastorno mental. La cifra, que se traduce en millones de personas, pone sobre la mesa una realidad cada vez más visible, aunque aún difícil de abordar sin prejuicios.
El estudio del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) muestra que los síntomas más frecuentes son la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio y el agotamiento emocional. Estos indicadores no distinguen edades ni regiones, aunque afectan con mayor fuerza a las mujeres y a quienes enfrentan condiciones socioeconómicas adversas.
En los grandes centros urbanos —sobre todo en el AMBA y en capitales provinciales— se percibe una presión constante que dispara los niveles de estrés. Pero también se registran altos niveles de malestar en zonas con menos recursos y acceso limitado a la atención, como el NOA y el NEA.
Otro de los puntos destacados del estudio es que se detectó un incremento sostenido en la búsqueda de ayuda psicológica desde la pandemia. Aproximadamente uno de cada cuatro adultos consultó alguna vez a un profesional de salud mental, y cerca del 14% mantiene actualmente un tratamiento psicológico o psiquiátrico activo. Esto refleja una mayor visibilidad y aceptación social de la consulta profesional.
En este contexto, los especialistas recomiendan acudir a un profesional de la salud mental cuando se presente un malestar subjetivo persistente, tales como angustia, ansiedad o tristeza prolongadas; e interferencia o disfuncionalidad, es decir, emociones que afectan el sueño, el trabajo, los estudios o las relaciones personales.
La salud mental ha sido, durante décadas, un tema relegado en la agenda de Argentina. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud(OMS) ha destacado la importancia de la salud mental como un componente esencial del bienestar general, en nuestro país, los recursos destinados son insuficientes y la atención a sus problemáticas sigue siendo, en la mayoría de los casos, inadecuada. Esto nos lleva a la necesidad apremiante de legislar sobre salud mental, no solo como un acto de justicia social, sino también ético y sanitario.
La crisis económica, las desigualdades sociales, el acceso limitado a servicios de salud y el estigma asociado a los trastornos mentales son factores que han contribuido a la creciente demanda de atención en este campo. Uno de cada cuatro argentinos padece algún trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, el acceso a tratamientos adecuados sigue siendo un desafío. Las personas afectadas se ven obligadas a navegar un laberinto burocrático que termina desalentándolas en su búsqueda de ayuda.
Se nota mucho el impacto social post pandemia en trastornos de ansiedad, cuadros depresivos y abuso de sustancias. A esto se le suma que hay un aumento de emergencia psiquiátricas, que muchas veces requieren intervención policial, pero hay muy pocos ámbitos de internación en el sector público y privado. Esto es un problema porque las internaciones indicadas con profesionalismo, ética, y en tiempo y forma salvan vidas.
La legislación en salud mental también debe centrarse en prevención. Esto implica la necesidad de desarrollar políticas públicas que integren programas de educación y sensibilización en las escuelas, lugares de trabajo y comunidades, fomentando un ambiente que propicie el bienestar emocional y psicológico.
La Ley Nacional de Salud Mental (de 2010) fue un avance significativo, pero su implementación ha sido desigual y en muchos casos, ineficaz. Es fundamental revisar y fortalecer esta legislación, asegurando que se respeten los derechos de las personas con trastornos mentales y que se garantice el acceso a tratamientos. Se debe contemplar no solo la atención hospitalaria, sino también la ambulatoria, la integración social y la capacitación de profesionales.
A menudo, se considera la salud mental como un tema secundario o como un lujo en tiempos de crisis. Sin embargo, estudios han demostrado que invertir en salud mental no solo mejora la calidad de vida, sino que también tiene un impacto positivo en la economía. La reducción del ausentismo laboral, el aumento de la productividad y la disminución de los costos asociados a la atención de emergencias son solo algunos de los beneficios. Los legisladores deben escuchar a quienes han sido afectados. Las voces de los pacientes, familiares y profesionales deben ser el eje central en la elaboración de políticas y legislación en salud mental.
La salud mental es un derecho humano. La falta de atención y recursos es una violación de derechos que afecta a millones de argentinos. La legislación debe garantizar que todas las personas, independientemente de su situación socioeconómica, tengan acceso a la atención y los recursos necesarios para cuidar de su salud mental. La implementación de políticas inclusivas y equitativas es esencial para construir una sociedad más justa y saludable.