El proyecto ingresado en la Legislatura sobre privatización de cárceles plantea concesiones mixtas con auditorías y nuevas funciones en penales bonaerenses.
El proyecto ingresado en la Legislatura sobre privatización de cárceles plantea concesiones mixtas con auditorías y nuevas funciones en penales bonaerenses.
La privatización de cárceles volvió al debate en la provincia de Buenos Aires tras la presentación de un proyecto en la Legislatura bonaerense que propone habilitar la construcción y administración operativa de unidades penitenciarias mediante un sistema de concesión con control estatal y participación de empresas privadas.
El legislador Juan José Esper, del monobloque Derecha Popular sostuvo que el esquema funcionaría bajo un modelo de Participación Público-Privada (PPP). "El Estado deja de ser un 'constructor' para pasar a ser un 'comprador de servicios'", afirmó Esper al defender el mecanismo presentado en la Legislatura.
El proyecto contempla que las concesionarias privadas puedan encargarse del diseño, financiamiento y construcción de cárceles. Además, quedarían bajo su órbita servicios vinculados con hotelería, alimentación, limpieza, salud, asistencia psicológica y programas de capacitación laboral para internos.
La propuesta también establece una división de funciones dentro de las unidades penitenciarias. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) conservaría la seguridad exterior, la custodia legal de los detenidos y los traslados, mientras que el personal civil contratado por las empresas asumiría tareas vinculadas con la administración interna y el tratamiento penitenciario.
El texto presentado por Esper fija límites sobre las funciones delegadas al sector privado y crea una Auditoría Externa de Cárceles Privadas. Ese organismo debería supervisar mensualmente el estado edilicio de los penales, la calidad alimentaria de los internos y los índices de reincidencia de quienes recuperen la libertad.
La iniciativa también obliga a las concesionarias a cumplir estándares mínimos de habitabilidad y tratados internacionales de Derechos Humanos. Según explicó el diputado, el proyecto apunta a responder al hacinamiento en las cárceles bonaerenses y acelerar la construcción de nuevas unidades penitenciarias en la provincia.
Esper argumentó que la obra pública tradicional demora "entre 5 y 8 años" debido a problemas de financiamiento y trámites burocráticos. En ese sentido, señaló que el esquema PPP trasladaría al sector privado los riesgos financieros y operativos vinculados con la construcción y mantenimiento de las cárceles.