La nueva plataforma está dedicada a la búsqueda y selección de personal docente y no docente en escuelas privadas de todo el país.
Las cuotas de los colegios privados bonaerenses con subvención estatal aumentarán 18% promedio en agosto. En tanto, para septiembre está prevista otra suba que alcanzará un 9%. El alza fue autorizada por el gobierno de Axel Kicillof abarca al nivel inicial, primario, secundario, técnico y agrario y superior. En julio, los aranceles subieron 15,6%.
El aumento se da luego de un reclamo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), que agrupa 2300 establecimientos educativos. Buscaban una suba de aranceles del 22% en agosto, retroactivo a julio y cobrar en cinco cuotas. Por eso, desde el sector consideraron que la suba autorizada como “insuficiente”.
“Con esta comunicación los establecimientos educativos podrán proceder a notificar a los padres y liquidar con los nuevos valores, los meses de agosto y septiembre de 2023. Los establecimientos educativos deberán informar antes del 18 de agosto el valor de sus aranceles para el mes de agosto 2023″, dicta la resolución del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En la Argentina hay unas 17.000 instituciones educativas privadas, de las cuales casi un 60% cuenta con algún tipo de subvención estatal, que va desde el 20% hasta el 100%. Con las cámaras que las representan es con quienes el Gobierno pauta los aumentos de las cuotas, pero que varían según la proporción de la ayuda pública.
Frente a la nueva suba de las cuotas, los colegios privados bonaerenses advirtieron que las subas no alcanzan a cubrir el incremento de costos. En lo que va del año, llevan acumulado un alza de 38,4%, luego de que el gobernador Axel Kicillof autorizara un ajuste del 7,5% en las cuotas a partir de junio. Esto permitió a las instituciones subir un 3,35% por encima de lo acordado en el marco del programa Precios Justos.
Según precisó un comunicado de AIEPBA, luego del acuerdo paritario del 30% dispuesto para los docentes estatales y los índices inflacionarios vigentes, “resulta necesario aplicar una recomposición para evitar mayor desestabilización económica de los colegios, que por los desfasajes acumulados en muchos casos tuvieron que asumir deudas desde 2022 para sostener los servicios educativos y en otros agravó la continuidad de las instituciones”.