Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema para impedir el decomiso de 19 inmuebles de sus hijos en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner presentó un recurso ante la Corte Suprema para impedir el decomiso de 19 inmuebles de sus hijos en la causa Vialidad.
Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con un recurso de queja para intentar revertir la decisión que habilita el decomiso de bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner. La medida está vinculada a la condena dictada en la causa Vialidad y alcanza propiedades ubicadas en Santa Cruz.
Según planteó en el escrito judicial, esos bienes fueron transferidos a sus hijos por ella y por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero no tendrían relación con los hechos investigados en la causa por la que fue condenada.
"No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado", sostuvo Cristina Kirchner en la presentación realizada ante la Corte Suprema.
Dentro del mismo documento, la exmandataria afirmó que las propiedades "fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas".
No obstante, el Tribunal Oral Federal 2 resolvió incluir esos inmuebles entre los activos alcanzados por el decomiso al considerar que fueron "adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal".
A fines de mayo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión y respaldó el criterio de que los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos mediante una herencia.
En esa resolución, los jueces remarcaron que "el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria".
La sentencia dejó firme el decomiso por más de $684.000 millones y habilitó el avance del remate de los bienes involucrados para concretar el resarcimiento económico al Estado.
