A Alejandra Velázquez le dieron tres años de prisión por “cohecho agravado”. Por la cantidad de meses que llevaba detenida, al mismo tiempo obtuvo la libertad condicional.
La exjueza Alejandra Velázquez, quien fuera titular del Juzgado de Familia N°1 de Pilar, fue condenada a 3 años de prisión al ser encontrada culpable de ofrecer coimas para adulterar procesos de adopción de niños. No obstante, en el mismo fallo se le otorgó el beneficio de la libertad condicional debido al tiempo que llevaba detenida.
La resolución del Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro fue anunciada a mediados de esta semana. La sentencia -al que tuvo acceso El Diario- indica que tanto la fiscalía como la defensa acordaron la pena impuesta, reconociendo Velázquez el delito que se imputaba: “Cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública”. Además, se fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por 6 años.
Si bien el hecho denunciado ocurrió a principios, de 2011, el caso estalló en 2017, cuando Alejandra Velázquez fue apartada de su cargo en la dependencia pilarense por “intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer”.
Sus manejos oscuros salieron a la luz por otro motivo: sus numerosas faltas. Años atrás, el Colegio de Abogados de San Isidro recordaba que “todo comenzó con una denuncia del Colegio a raíz de las reiteradas ausencias que registraba Velázquez, la que fue ampliada por otros hechos que habían llegado a nuestro conocimiento. La investigación permitió develar un cuadro tan grave como desolador: el Juzgado de Familia N°1 de Pilar era un verdadero caos, la Jueza una calamidad y la Justicia un enunciado sin valor alguno”.
En aquel entonces, las personas que prestaron testimonio durante la investigación aseguraron que la exjueza les había propuesto realizar un trabajo adicional que consistía en “conseguir panzas” (sic): es decir, captar niños en situación de adoptabilidad o mujeres embarazadas que desearan dar a sus hijos en adopción. También se constataron anomalías en expedientes de adopción, principalmente a familias adineradas de Pilar.
Velázquez fue denunciada por presionar a mujeres embarazadas de pocos recursos para que entreguen a sus hijos a cambio de dinero, destinados a familias de alto poder adquisitivo de Pilar.
Sin embargo, cabe aclarar que el reciente fallo no menciona detalles sobre estas situaciones. Tan sólo indica que “la oferta de dinero fue una declaración unilateral de voluntad dirigida a dos funcionarias públicas para que indebidamente dejaran de realizar una conducta relacionada con sus cargos”, relacionado con la “actuación que en el marco de su competencia funcional tenían debían realizar en los procesos de adopción”.
Además, el texto aclara que el delito se consuma con el sólo hecho de ofrecer el dinero, sin ser necesario que sea aceptado por la contraparte. Incluso aclara que en este caso “no se concretó frente a la rotunda negativa de ambas agentes”.
Cuando en julio 2024 se ordenó su detención, Alejandra Velázquez se encontraba en España, donde fue hallada por Interpol. Sin embargo, recién fue llevada a una prisión española el 2 de julio de 2025, tal como consta en el expediente.
El 21 de agosto de ese mismo año fue extraditada a la Argentina y desde ese día hasta el último martes estuvo detenida con prisión domiciliaria en una casa ubicada en Tigre.
Por esto, la defensa de la exjueza pidió que la mujer obtuviera el beneficio de la libertad condicional, ya que la condena -que no está firme- fue de tres años de prisión y ya llevaba más de ocho meses detenida. El tipo de delito contempla dicha solicitud, que a su vez fue aceptada por la fiscalía.
Así es cómo -curiosamente- Velázquez fue condenada y puesta en libertad condicional en la misma fecha. El beneficio se revocará en caso de que cometa un nuevo delito o se traslade a un domicilio diferente al fijado.
Su pena de prisión concluirá el 1° de julio de 2028, mientras que la inhabilitación para ocupar cargos públicos será extinguida el 1° de julio de 2031.