por Víctor Ejgiel
Esta semana se aprobó la tan esperada ley de las obras sociales, ese largo reclamo justo de los usuarios de prepagas que con el afán de acceder a una salud un poco más segura se afilian a grupos empresarios que dirigen y administran la salud de muchos. El reclamo, por supuesto, es justo, no se puede aumentar las cuotas de acuerdo a la edad de la persona, no se debe impedir el ingreso a un enfermo conocido, sino deja de ser un servicio de salud. Lo grave es que el Estado tenga que regular lo que él mismo no puede cumplir.
Deberíamos pensar por qué mucha gente, que puede económicamente hacerlo, se asocia a estas prepagas en planes diferentes y erogando a veces hasta el 20 por ciento de su sueldo. Quienes sufrimos las permanentes carencias de la obra social impuesta a los docentes, policías y demás personal de la provincia de Buenos Aires, IOMA, conocemos y a veces miramos con anhelo cómo un turno de diagnóstico avanzado tiene una fecha mucho más próxima para ellos cuando para nosotros a veces rogamos llegar vivos.
Las empresas prepagas surgieron con el afán de cubrir la medicina que el Estado, dentro de sus obligaciones, no cumple. Cualquiera de nosotros sabe que para acceder a una tomografía computada, a una resonancia magnética o a otro cualquier estudio de alta tecnología no nos queda otra que recurrir a la medicina privada. Las obras sociales negocian con ellas la cobertura de estos ítems y quien ni siquiera tenga obra social deberá esperar de la buena predisposición que en nuestro distrito depende del Hospital Austral, que por supuesto siempre defenderá a sus asociados por sobre otros, y dispone de un cupo de atenciones donde las enfermedades nunca cuentan la cantidad de afectados y que no está mal, porque la plata para la compra de los equipos necesarios surgió de ellos.
Entonces veo cómo se hace un alarde impresionante de cómo el Estado nacional defiende al ciudadano controlando las prepagas, como también les obliga a cumplir con una serie de requisitos para con los celíacos, que, vuelvo a repetir, está correctísimo, pero sigue descuidando a todos los demás, a los que tenemos obra social y a los que no tienen nada porque justamente ellos no acceden a nada.
La verdad es que la mayoría de las obras sociales están manejadas al igual que las prepagas, en forma empresarial, pero por quienes nunca fueron empresarios, los gremios, y así estamos. Yo le preguntaría a la Presidenta ¿Por qué no se atiende en un hospital público, donde se atienden los ciudadanos que ella gobierna? Porque si mal no recuerdo, las dos operaciones que se le realizaron a su esposo se hicieron en una de las clínicas privadas más importantes de nuestro país, que dista mucho de cualquier nosocomio del Estado.
El capital humano existe, porque ese médico que atiende en la clínica más prestigiosa, muchas veces sale de allí y se va al hospital, las condiciones son diferentes. Es una símil con la educación donde los profesores son los mismos, tanto en la escuela privada como en la del Estado, pero la escuela no.
Entonces no es un problema de la gente, o por lo menos de toda la gente sino de algunos que creen que el problema de la salud se soluciona regulando las prepagas, limitándolas, bajarlas al nivel de la salud pública esa que de salud sólo tiene la excelente predisposición de quienes la reman todos los días en cada sala del hospital o del barrio, muchas veces sin un termómetro, sin una venda, pero con la conciencia de creer que igual se puede.
¿Por qué será que en nuestro país nunca podemos mejorar las cosas, cuando algo es mejor que lo que ofrece el que manda, de alguna manera dejará de serlo, es decir regular pero para abajo.
