En la búsqueda de una solución favorable ante el cierre de la oficina de cobros y atención al público de Telefónica, en la sede de la Dirección de Defensa del Consumidor se llevó a cabo ayer una audiencia entre la titular de la entidad, María José Cozzani, el concejal Walter Roldán y una abogada representante legal de la empresa.
En el encuentro, Roldán tuvo carácter de denunciante, “ya que al no tener respuestas del gerente de Telefónica, radiqué la denuncia en Defensa del Consumidor”, explicó el edil a El Diario. A su vez, agregó que la mujer “pensó que se trataba del reclamo de un vecino común, no de un concejal de Pilar, por eso se sorprendió”.
Roldán comentó que durante la audiencia “le conté sobre los problemas que acarreaba el cierre de la oficina para la gente de mayor edad, que no suele manejarse con Internet, o que tiene que ir a imprimir una factura, con el riesgo de que los asalten o les hagan una salidera bancaria”. Y añadió: “Le hablé de la problemática, porque una decisión tomada desde Capital repercute en una gran cantidad de clientes de Pilar”.
Por su parte, Cozzani citó a la Ley de Defensa del Consumidor, esgrimiendo que las empresas no pueden transmitir sus riesgos a los clientes, como en el caso del manejo del dinero; mientras la abogada aseguró que Telefónica tiene derecho a tomar una medida de este tipo.
Según el concejal, “la doctora se fue con un semblante y una predisposición distintos”. Por lo pronto, el jueves próximo habrá una nueva audiencia “y prometió traer a un funcionario de alto rango, que tenga poder de decisión. Esperemos que se sensibilicen con la situación y razonen por los clientes más débiles, los abuelos”.
En Pilar, la oficina de Telefónica ubicada en Víctor Vergani e Independencia fue cerrada para el cobro y consultas de facturación desde el pasado 7 de octubre, de manera imprevista para los clientes. En este sentido, el cierre paulatino de las oficinas –no sólo de Telefónica, sino también de Telecom- corresponde a una política de reducción de costos, ya que en el distrito la presencia del local no era considerada “rentable” por quienes manejan la central, incitando a la gente a manejarse por vía telefónica o bien a través de Internet.
A casi dos meses de tomada la decisión, los usuarios continúan protestando por sus efectos: en la Defensoría del Pueblo ya se recibieron más de 80 reclamos por cuestiones relacionadas a Telefónica.