Un proyecto pretende crear un Régimen de Recupero de Costos Operativos. En Pilar hubo más de 20 alertas en diversos establecimientos.
Las amenazas aparecieron en 21 escuelas de Pilar. La policía custodió las entidades involucradas.
Los padres de los alumnos a los que se detecte como autores de amenazas contra escuelas -desde anuncios de matanzas hasta falsas alertas por bombas- deberían pagar una multa, de prosperar un proyecto de ley presentado en las últimas horas en la legislatura bonaerense.
En los últimos días, especialmente el jueves 16 y viernes 17 de este mes, se registraron más de 1.000 hechos de este tipo en la provincia, 21 de ellos en escuelas de Pilar y sus localidades.
La iniciativa, que corresponde al jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, crea un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos en la provincia de Buenos Aires.
El proyecto “ surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos ”, se indicó en un comunicado.
El proyecto establece que quienes realicen estas amenazas deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia. “Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando”, señala De Leo en la iniciativa.
Asimismo, se dispone que el monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
En caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales, conforme a la normativa vigente.
El proyecto garantiza el debido proceso, contemplando notificación fehaciente, derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.
La propuesta también prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos, con el objetivo de sistematizar la información, fortalecer la prevención y mejorar la toma de decisiones.
El proyecto invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.
(DIB)