El gobierno de Javier Mieli habría decidido postergar al menos hasta mediados de este año la puesta en marcha de una Canasta Básica Energética (CBE), paso previo a la quita de los subsidios al gas y la electricidad.
La decisión alcanza al gas y a la electricidad. La demora se prolongaría al menos hasta junio. Se debería a la dificultad técnica para definir la canasta energética.
El gobierno de Javier Mieli habría decidido postergar al menos hasta mediados de este año la puesta en marcha de una Canasta Básica Energética (CBE), paso previo a la quita de los subsidios al gas y la electricidad.
En un principio, se había anunciado que la CBE comenzaría a utilizarse en abril, luego pasó para mayo pero ahora se postergaría hasta junio o julio, indicaron fuentes del Gobierno citadas por el portal Infobae.
El portal informó que la demora tiene que ver con la dificultad del entrecruzamiento de datos que necesitan para determinar qué hogares continuarán recibiendo subsidios.
De todos modos, más allá de las explicaciones técnicas, el escenario económico y social ocupa también un lugar entre los motivos para postergar la decisión, que tendrá un impacto inédito en el costo de la energía para los hogares.
Por el momento, el ajuste cae sobre las sobre los usuarios de altos ingresos, que ya no tenían subsidios, además de los comercios, industrias y entidades.
La principal demora es en el cruce de los datos en los hogares que están inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) que puso en marcha el Gobierno anterior con los deciles socioeconómicos del Indec, según se desprende de lo informado por el equipo de Chirillo en la última audiencia pública.
En función del decil poblacional al que corresponda cada hogar, del más pobre al más rico, se subsidiará parte de la factura de luz y gas. Pero la idea original es que todos paguen el costo pleno de la energía, por lo que pasaría a subsidiarse la demanda.
La calibración de la medida involucra el trabajo de la Jefatura de Gabinete, no solo del Ministerio de Economía. Este proceso es clave porque un mal cálculo puede dejar a muchos hogares vulnerables sin subvenciones en sus servicios públicos, después de un primer trimestre de fuertes aumentos tras un largo periodo de virtual congelamiento.
