La calidad institucional está dada por el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que regulan las relaciones políticas y sociales, afectando tanto a las personas que participan de los intercambios como a los dirigentes involucrados.
La calidad institucional está dada por el conjunto de normas, procedimientos e instituciones que regulan las relaciones políticas y sociales, afectando tanto a las personas que participan de los intercambios como a los dirigentes involucrados.
Particularmente, la calidad de las instituciones afecta en forma más anunciante a los vecinos más humildes, éstos que encuentran dificultades para acceder a las libertades personales.
La calidad institucional se basa en los principios y el buen funcionamiento del sistema democrático, en donde se respeta la independencia y la separación de los poderes, y el natural equilibrio entre ellos.
La calidad institucional es uno de los espacios que un país construye para que la sociedad y todos sus actores crean y confíen en ella. No hay organización social, ni seguridad jurídica sin una buena organización institucional, ya que son las instituciones las que articulan un marco en el cual nos movemos gozando de garantías, y cumpliendo obligaciones. Lograr una buena calidad institucional es garantía de crecimiento sostenido, de reglas claras: es un modelo de sociedad en el que ganamos todos.
El Índice de Calidad Institucional (ICI) es una medición que contempla 7 rubros: rendición de cuentas, estado de derecho, libertad de prensa, nivel de corrupción, competitividad, la facilidad para hacer negocios y transparencia por parte de empresas y gobierno.
Con la mala calidad institucional se crea un caldo de cultivo para la corrupción, y logra ahuyentar inversiones.
La corrupción política es el mal uso público del poder para conseguir ventajas personales o familiares (ya que la función institucional del Estado es servir el interés de la comunidad). La corrupción plantea un serio desafío de cambio. La corrupción en elecciones y en los cuerpos legislativos aumenta la falta de credibilidad y distorsiona la capacidad de creación de nuevas normas; la corrupción en el poder judicial compromete al estado de derecho, y la corrupción en la administración pública da como resultado la disposición injusta de servicios.
*Presidente de la Juventud de Francisco De Narváez.
