Carta de Lector

Sr. Director:

Por causas puramente democráticas, no estoy de acuerdo con la aprobación de la ley de matrimonio homosexual con adopción, ya que siendo aceptado el derecho individual a elegir la sexualidad y marco de convivencia, la discusión deberí­a ceñirse a qué forma darle a este modelo social y sin llamarlo matrimonio, legislarlo bajo otra denominación.

No se deberí­a llamar matrimonio porque el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, invoca como un principio fundamental “la protección de Dios fuente de toda razón y justicia” y todos los honorables miembros de las dos cámaras de Diputados y Senadores, han jurado hacer respetar esta Constitución, por supuesto, sin sujetarla a consideraciones personales.

El Dios que invoca la Constitución de la Nación Argentina, fue el que estableció que el matrimonio debí­a integrarse por un solo hombre y una sola mujer lo cual infiere monogamia y heterosexualidad, conteniendo en su estructura, la capacidad de procrear otros seres humanos, semejantes a sus progenitores. Por lo cual en uso de la libertad que cada uno dispone, puede convivir según escoja, pero es inaceptable llamar a esto matrimonio, e inmaduro descalificar a los que nos oponemos acusándonos de religiosos o de ser quienes discriminamos a alguna minoría, sino como quienes les reclamamos coherencia a cada legislador, con el compromiso contraído al recibir su mandato. Además, nuestro Código Civil establece que el matrimonio debe unir a un hombre con una mujer.

Me opongo también a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque en tal caso, si bien se protegerí­a la igualdad de derechos de los homosexuales, se estarí­a obviando el derecho del niño a decidir si quiere vivir en un hogar con dos padres o con dos madres en vez de un hogar con un papá y una mamá. Y esto es del mismo modo puramente democrático. Ni la Iglesia en su generalidad ni la sociedad, discriminan a los homosexuales, de hecho hemos observado juntos respetuosamente varias Marchas del Orgullo Gay, sin contraponer hasta ahora, ni haber organizado aún una marcha del orgullo de quienes no lo somos.

En mi caso, no percibo una cuestión antagónica en cuanto al derecho humano de escoger libremente la sexualidad. En todo caso según la doctrina cristiana y la experiencia popular, cada ser humano puede decidir hacer con su vida lo que bien le parece y a eso, se le llama libre albedrí­o.

Por supuesto, un principio de la reciprocidad ética, o del sentido común, indican que nadie debería disponer de un mayor grado de libertad que aquella que pueda administrar responsablemente.

éste no se trata de un juicio a la cristiandad, sino de un análisis acerca de la forma que se deberí­a dar a la convivencia entre dos personas del mismo sexo y si a éstas se les deberí­a permitir el derecho de adopción. Y a esa situación debiera abocarse el Poder Legislativo, sin denigrar, discriminar o desechar la opinión de otras partes de la misma sociedad, que los constituyó representantes de la voluntad ciudadana.

¿Cómo se puede dentro de un Estado que se pretende democrático, discriminar públicamente a la opinión de la mayorí­a de los argentinos simplemente por formar parte de veinte siglos de cultura occidental y cristiana, con profundas bases, no en la liturgia o en la tradición católica, pero sí­ en sus valores y principios morales?

Esta apelación, en cuanto a juridicidad, corresponde a la defensa de la Constitución Nacional y preservación de la ley civil argentina y lejos de ser de carácter teológico, señala principios éticos, reafirmación de valores y restauración de la conciencia moral.

Atendiendo a las razones expuestas, ameritan a mi entender una justa convocatoria a un plebiscito nacional vinculante por ser este tipo de normas legales las que especí­ficamente requieren de una profunda consulta democrática a la ciudadaní­a.

Cuando los derechos de una minorí­a pretenden ir en contra de la voluntad de las mayorí­as valiéndose de la responsabilidad que le fuera encomendada a los diputados y senadores por el pueblo, ya no están representando, están apropiándose de un poder que nadie les otorgó, mientras dejan de interpretar la voluntad de quienes le elegimos.

Es su deber considerar las encuestas. Por ello le hago llegar mi fuerte reclamo hacia los legisladores, que olvidan haber recibido un mandato como representantes de la voluntad de la mayoría del pueblo y guardas de la Constitución, pero nunca como dueños de los destinos de la Nación.

Y en esto, aunque los foros del derecho legislativo les asistan, la memoria ciudadana les hará justicia en no mucho tiempo. Seguramente la historia juzgará la decisión de los legisladores de nuestro tiempo, quienes embanderados en un criterio humanista y progresista, no toman en cuenta que la posmodernidad, con su vocación transgresora ha inducido al abandono de los valores y moral que han sustentado a nuestra cultura occidental, llevándola a esta peligrosa sensación de libertad. Y reconozcamos que consecuentemente, no nos está yendo bien. El hombre sin freno moral se vuelve instintivo y eso es nocivo para sí­ mismo como para los que le rodean.

Silvia Schell, 12. 633.757