Es parte de las rutas administradas por la estatal Corredores Viales. El Gobierno realizará una audiencia pública a fin de mes. El total, tiene a su cargo 6 mil kilómetros de rutas.
El sistema de pago de peajes en las autopistas de CABA incorporó a partir de ahora la opción de abonar las tarifas sin necesidad de contar con la oblea autoadhesiva.
El Gobierno de Javier Milei avanzará en la privatización de la concesión de las rutas que administra Corredores Viales Sociedad Anónima, como paso previo a la eliminación de la empresa estatal que administra parte de los principales caminos de Argentina.
Entre otras rutas, la firma aún en manos del Estado administra la autovía Pilar Pergamino, que tiene en el distrito un tramo importante a través de las localidades de San Francisco, Fátima y Manzanares, hasta la ruta 6.
En ese sector, la autovía tiene una cabina de peaje, a la atura del arroyo Larena, cuya instalación y cobro generó desde el principio una polémica nunca resuelta con los vecinos.
Desde diciembre, el peaje en esa cabina cuesta $1.300 ($1.215 con Telepase), aunque los vecinos de las zonas aledañas siguen exentos de hecho, una situación que podría modificarse tras la reprivatización de la concesión.
Corredores viales tiene a su cargo unos 6.000 kilómetros de rutas en todo el país, que incluyen sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras, y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. Según se informó, la intención es que las nuevas concesionarias ingresen bajo un modelo de obra pública por peajes para la que se convocarán en las próximas semanas a audiencias públicas.
“Subían los peajes mientras las rutas se caían a pedazos”, apuntó el vocero presidencial, Manuel Adorni, al comunicar la decisión en conferencia de prensa.
“A partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios”, comunicó el portavoz.
Corredores Viales cobra peajes, pero el Gobierno apunta a que el atraso tarifario explica el estado de los caminos y definirá los que podrán fijar las nuevas concesionarias, que deberán ejecutar obras de mejora.
“A modo de repaso, en el comienzo de la gestión, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado malo o crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% en relación a la tarifa técnica”, detalló el vocero presidencial.
Corredores Viales registró en 2023 un resultado económico negativo con una deuda con proveedores de $ 142.000 millones y pérdidas acumuladas por $ 268.000 millones, según datos oficiales. Fue asistida por el Tesoro Nacional por $ 301.000 millones de pesos.
El Gobierno puso a cargo de este proceso a la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Transporte de la Nación, en donde lanzaron el programa Red Federal de Concesiones para licitar 9.145 kilómetros distribuidos en trece tramos que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito.
Vialidad Nacional convocó para finales de febrero a una audiencia pública para la licitación de lo que se conoce como la Ruta del Mercosur, por unos 670 kilómetros de extensión que durante los últimos 30 años fue operada por la empresa privada CRUSA. Con el anuncio de este viernes se dio inicio al proceso para adjudicar un total de 8.470 kilómetros de rutas entre las que gestiona Corredores Viales, sumando otras que hasta ahora no estaban concesionadas, como la RN 33 en Santa Fe, la RN 18 en Entre Ríos, y la variante de la RN 19 en Córdoba. Esta etapa estará dividida en once tramos.
Corredores Viales S.A., por su parte, se encuentra a cargo de 10 tramos de autovías que suman casi 6.000 kilómetros de extensión en las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, y el Acceso Riccheri a la Ciudad de Buenos Aires.