El partido País bonaerense, por medio de su titular Oscar Héctor Alva, realizó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de limitar las reelecciones de intendentes que transitan su segundo mandato consecutivo y, en este marco, cuestionó las PASO convocadas para el próximo 13 de agosto.
La presentación quedó radicada bajo el expediente 1039/2023, con la carátula “Partido País (distrito Buenos Aires) y otro C/Buenos Aires, provincia de S/Acción declarativa de inconstitucionalidad”.
La presentación busca que se declare como inconstitucional el artículo 4 de la ley 15.315 bonaerense, una normativa sobre la reelección de intendentes impulsada durante la gestión de Axel Kicillof que modificó otra sancionada en tiempos de María Eugenia Vidal.
Durante la gestión vidalista, en el año 2016, se aprobó la ley 14.836 que limitó las reelecciones de intendentes y concejales por un solo periodo (o sea, la posibilidad de solo ser elegidos en dos mandatos consecutivos). Esa normativa consideraba como el primer periodo de estos funcionarios el corriente a la entrada en vigencia de la ley. O sea, el 2015 para intendentes.
En tanto, a principios de 2022, durante la gestión de Kicillof, se sancionó la ley 15.315. Esta no modificó el límite a las reelecciones en general, pero determinó que “los mandatos de Intendentes, Concejales, Consejeros Escolares, Diputados y Senadores que se hayan iniciado como resultado de las elecciones del año 2017 y 2019 serán considerados como primer período” y que “en el caso de los mandatos que se hubieren iniciado como resultado de las elecciones del 2021, se computará como primer período sólo en el caso que no haya ejercido un mandato inmediato anterior”.
El partido País sostiene ahora que “no existen argumentos jurídicos razonables que permitan justificar la regresión normativa e institucional republicana que supondría otorgar a algunos pocos el privilegio de permanecer en el poder, mucho más aun, si consideramos a la democracia sustancial sostenida por los derechos fundamentales y los derechos humanos como la base de sustentación del estado constitucional y convencional de derecho argentino”.