La Justicia de La Plata dictó una medida cautelar que pone freno la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que había iniciado el gobierno de Javier Milei.
Un juez de La Plata dictó una medida cautelar a pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense. También alerta sobre el riesgo ambiental.
FRENO. Aysa paralizó obras que estaban en marcha para ampliar las redes en Pilar.
La Justicia de La Plata dictó una medida cautelar que pone freno la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que había iniciado el gobierno de Javier Milei.
El juez en lo Contencioso Administrativo número 2, Mariano López, detectó posibles prejuicios ambientales y alertó sobre la necesidad de garantizar la extensión de las redes, que quedaría en dudas en manos privadas.
El magistrado platense hizo lugar a la presentación judicial que había hecho el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino. El ombudsman denunciaba que el proceso de privatización no contempla “elementos básicos que garanticen el acceso al agua” al tiempo que desconoce la existencia de “pasivos ambientales en territorio bonarense”.
López elevó su decisión a la Cámara Federal de La Plata y argumentó que la privatización dispuesta por el gobierno nacional no fortalece las obligaciones de garantizar un acceso a la cobertura sanitaria, como así tampoco no aumenta los mecanismos de recomposición y prevención. López sumó: “(La privatización) tiende a reducir las exigencias regulatorias y postergar obras críticas”.
La Defensoría bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, había solicitado a la Justicia que detuviera la privatización dado que ponía en riesgo el esquema de mayor exigencia ambiental de la empresa en cuanto a inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento, remediación ambiental o continuidad del servicio público esencial. La justicia consideró que nada de esto fue tenido en cuenta en el pliego de la licitación de Aysa, que por el contrario pone en riesgo tanto el derecho humano de acceso al agua potable como el derecho a un ambienta sano.
El plan del Gobierno es vender al menos el 51% de las acciones a un “operador estratégico” y que el resto salga a la Bolsa. La empresa que resulte ganadora de la compulsa pública se regirá por el nuevo contrato de concesión, aprobado a fines de abril, que fija la prestación del servicio por un plazo de 30 años, con posibilidad de que se prorrogue por 10 años más.
Durante el gobierno de Carlos Menem, el servicio fue privatizado y quedó bajo control de la firma francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, operando bajo el nombre de Aguas Argentinas. En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado volvió a tomar el control de la compañía tras una serie de conflictos vinculados al desempeño de la concesión privada.