El magistrado había hecho lugar a un amparo presentado por una familia de Pilar. La administración Milei busca que el caso pase a la Cámara de San Martín.
EMERGENCIA. Organizaciones que asisten a personas con discapacidad piden que se aplique la ley.
El gobierno Nacional busca apartar al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, de una causa en la que el Magistrado había ordenado la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad vetada por Javier Milei y luego dejada en suspenso tras la insistencia del Congreso.
El Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, recusó magistrado, quien había otorgado una medida cautelar solicitada por una familia pilarense y, ahora, habría estado cerca de declarar nulo el DNU de la Rosada, cuestionada por una demanda colectiva impulsada por familiares y organizaciones del sector.
El procurador Castro Videla pidió, además, declarar “abstracto” el expediente alegando que las partidas para aplicar la norma en realidad están garantizadas en el presupuesto de 2026. Aunque esos fondos no aparecen en el proyecto del Gobierno, sino en el dictamen de minoría, elaborado por los bloques de la oposición.
El primer fallo de González Charvay se dio a conocer a mediados de agosto, a pedido de una familia pilarense declaró la invalidez del veto presidencial de Milei a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Según aquel fallo, al que tuvo acceso El Diario, la decisión judicial declaró específicamente la invalidez del Artículo 3 del Decreto 534/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo vetó por completo la Ley 27.793.
El fallo ordena que se comunique a la obra social de los menores Y.N. y N., dos hermanos pilaresnes de 11 años para que adecúe sus prestaciones de acuerdo a lo que establecía la ley de emergencia, ahora restituida para ellos.
El juez impuso que los costos del proceso judicial queden a cargo del Estado Nacional. Aunque el Gobierno puede apelar la medida, este fallo representa la primera resolución judicial que anula los efectos del veto presidencial en materia de discapacidad y abre la puerta a que se presenten recursos de amparo similares en otros juzgados del país.
Luego que el Congreso insistiera con la sanción de la emergencia, el amparo colectivo reclamó la real aplicación de la norma, que fue suspendida en los hechos mediante el Decreto 681/2025, que lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Lo que hizo el funcionario fue promulgarla, pero sin fondos y suspendiendo prácticamente todos sus artículos. Casi un segundo veto.
Las organizaciones del colectivo se sumaron al planteo de los padres pilarenses: escuelas especiales, centros de día, centros terapéuticos y empresas de transporte especializado formaron parte de la demanda contra el Estado. También lo hicieron otras organizaciones como REDI y ACIJ. El expediente venía cobrando forma y González Charvay rechazó sistemáticamente los planteos del Gobierno tendientes a que la causa no prosiga.
En una de sus últimas resoluciones, el juez incluso había ordenado publicar en el Boletín Oficial un edicto informando la existencia del amparo colectivo para sumar más familias a la causa.