El juez Casanello los identificó como los presuntos jefes de una asociación ilícita, junto a Daniel Garbellini y Miguel Calvete. En total son 19 los procesados.
Pablo Atchabahian es señalado como uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionaba en la ANDIS.
Foto: archivo El Diario Regional.Este lunes, el juez federal Sebastián Casanello decidió procesar a un total de 19 involucrados por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellos a Diego Spagnuolo –primer director de la agencia durante el gobierno de Javier Milei- y Pablo Atchabahian, exfuncionario de Pilar y quien también estuvo al frente del organismo.
Spagnuolo, propietario de una vivienda en un barrio cerrado de Pilar, fue procesado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación a la administración pública y cohecho pasivo; además de asociación ilícita, en calidad de jefe”. Además, se le trabó un embargo de $202.828.725.464.
Por su parte, a Atchabahian –también vecino del distrito- se lo acusa de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe necesario; defraudación a la administración pública nacional, en calidad de partícipe necesario; además de asociación ilícita, en calidad de jefe”. En su caso, se le trabó un embargo de $202.247.451.393.
Los otros dos señalados por Casanello como jefes de la presunta asociación ilícita son Daniel Garbellini (ex número dos de la ANDIS) y el empresario y lobista Miguel Ángel Calvete.
La lista completa de la casi veintena de procesados incluye a exfuncionarios y empleados de la ANDIS y a privados (como Calvete) que intervinieron con diversos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia.
Según considera el juez en su fallo, durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Y agrega: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Sin embargo, Casanello advierte también en su fallo que el caso ANDIS podría ser la punta del iceberg de un entramado de corrupción aún más amplio, extendido a otros sectores de la administración pública, ya que en su consideración “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”.
Para el juez federal, “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.