Militantes pilarenses viajarán este sábado a El Bolsón, donde desde el lunes participarán de una marcha federal a Lago Escondido, en reclamo de que se cumpla la sentencia judicial que obliga al magnate inglés Joe Lewis a abrir un camino público al lago, ubicado dentro de la estancia de 12 mil hectáreas de su propiedad, en la frontera con Chile.
La movilización será la séptima organizada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), conducida por Julio César Urien.
Desde Pilar, estarán partiendo rumbo a la Patagonia el historiador y escritor Fabián Domínguez, junto al dirigente del Frente Grande local, Néstor Sito, y otros militantes locales. Según difundieron, cuentan con el aval de instituciones políticas, culturales y deportivas del distrito, como las bibliotecas populares Palabras del Alma y Ernesto Sábato y los clubes Nacer, Las Leonas de Pilar y
Shalion’s, entre otras.
A través de un comunicado, las organizaciones manifestaron su apoyo a la movilización.
En diálogo con El Diario, Domínguez explicó su decisión de participar con una comparación: “Uno tiene que marcar soberanía. Sin connotaciones bélicas, pero es lo mismo que Malvinas: se trata de marcar presencia”, dijo.
A la vez, manifestó que la situación “demuestra el poder que tiene Lewis, que maneja el sur de la provincia (de Río Negro), donde hasta la gobernadora (Arabela Carreras) le responde y cuando una sentencia sale a favor del pueblo, ella sale a defender al magnate”.
Dificultades
Un primer grupo ya está en marcha. El camino que recorre para llegar al lugar es de montaña y con dificultades, por lo que demanda varios días.
Otro, que integran los pilarenses, partirá el lunes a Lago Escondido a través del Camino de Tacuifí -el que fue declarado de acceso público por la Justicia- tal como hacen todos los años.
En 2022, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche falló para que Vialidad Rionegrina abra y otorgue un tránsito libre por el Camino de Tacuifí, así también como señalizar el camino de montaña y realizar todas las actuaciones administrativas para que ningún ciudadano que quiera acceder a las costas de dominio público sufra hechos de inseguridad. Sin embargo, la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal rionegrino.
“Como quedó evidenciado, en ese lugar funciona la mafia política, judicial y económica que opera en Argentina como un Estado colonial paralelo condicionando el Estado de Derecho en contra de los intereses nacionales y populares”, indicaron desde la FIPCA.