Un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Adriana Cáceres (Pro) busca prohibir que los hombres que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios puedan ser empleados municipales.
Un proyecto de ordenanza presentado por la concejala Adriana Cáceres (Pro) busca prohibir que los hombres que figuren en el Registro de Deudores Alimentarios puedan ser empleados municipales.
La iniciativa busca ampliar a los trabajadores la prohibición, que actualmente ya rige para funcionarios. De aprobarse, nadie que adeude de cuotas alimentarias a sus hijos podrá ser contratado como empleado de la Comuna. A la vez, quienes actualmente ya revisten en el Estado local tendrán un plazo de 180 días para ponerse al día con sus obligaciones.
El proyecto de Cáceres amplia los alcances de una ordenanza vigente desde 2004, cuando Pilar adhirió a la ley que creó el Registro de Deudores Alimentarios. Esa norma establece que el certificado de libre deuda es requisito no solo para ser funcionario municipal sino también para obtener “habilitaciones, concesiones, licencias o permisos” tanto originales como prórrogas o renovaciones. Y también deberá ser presentado por “los proveedores y contratistas de todos los organismos de la Municipalidad”.
Cáceres propone en su proyecto la publicación “de manera anual de un informe estadístico que brinde detalles acerca del cumplimiento” de esos requisitos.
Cuidados
La iniciativa de la edila da cuenta de “ante una separación o divorcio en la mayoría de los casos recaen sobre las mujeres las tareas de cuidado de los hijos” y recuerda que “El Código Civil y Comercial de la Nación, establece la obligación de alimentos de los progenitores de manera proporcional a sus capacidades económicas”.
Subraya, además, que “es frecuente que haya incumplimientos en cuanto a la obligación de mantención y el pago de una cuota alimentaria y dicha situación se puede considerar como un contexto de violencia económica”.
Un informe publicado este año por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires reveló que casi el 70% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria de parte del padre de sus hijas o hijos, o sólo la percibe eventualmente.
El informe, titulado “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género”, se hizo en base a una encuesta que respondieron 6.442 personas de los 135 municipios y más de 50 entrevistas.
“La violencia económica y patrimonial suele configurarse al inicio de una manera muy sutil, desapercibida y encubierta, en muchos casos siendo naturalizada por las mujeres que la padecen”, advierte el proyecto de Cáceres.