La Fiscalía de Cámara de San Isidro ordenó en las últimas horas una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación por “hostigamiento” que se sigue contra el vicepresidente del Consejo Escolar de Pilar, Marcelo López, de Juntos.
La causa tramita en la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Violencia de Género de Pilar, a partir de la denuncia de la presidenta de ese organismo, Victoria Carey (Frente de Todos), en la que da cuenta de actitudes amenazantes y persecución por parte de López.
Aunque la denuncia había sido desestimada por la fiscalía original, la de cámara ordenó proseguir la investigación y determinó que se adopten una serie de diligencias a fin de aportar pruebas a la causa.
La resolución de la fiscalía superior fue adoptada el último viernes, tras la apelación presentada por los abogados de Carey. “Ante el archivo dispuesto por el fiscal de instrucción actuante se presentó formal recurso de revisión por ante el fiscal de cámara quien dispuso la reapertura de la investigación y la realización urgente de diferentes medidas siempre teniendo presente la preservación y el cuidado de la víctima”, explicaron a El Diario desde el patrocinio de la funcionaria.
Datos
Según la resolución de la Fiscalía de Cámara, en su denuncia, Carey “sostiene que se siente hostigada” por López “e indicó que en una ocasión a través de un grupo de whatsapp conformado ‘con los 8 consejeros, (Patricia) Ibalo y otro compañero que no está en funciones ponen un emoji de un arma diciendo que me iban a matar y eso lo elevé en su momento a mi superior”.
En ese marco, la fiscalía definió las medias solicitadas “teniendo en cuenta que evidentemente la denunciante se siente intimidada por las acciones que ‘a priori’ desarrollaría quien fuera sindicado como Marcelo López”. Esas medidas son:
• “Convocar a prestar declaración testimonial a la víctima a efectos que aporte el chat al que hace mención, debiéndose individualizar quién envió dicho emoji y todas y cada una de las personas que observaron tal incidencia y, en su caso, hayan tenido participación en el tráfico de mensajería sobre la cuestión”.
• Pide “acompañar las notas elevadas a sus superiores con motivo de los hechos puestos en conocimiento como así también las publicaciones que refiere la tienen como objeto de ‘escraches’”.
• Finalmente, establece que se requiera “a la denunciante que aporte los nombres de aquellas personas que surgen de la denuncia inicial y habrían sido testigos de los hechos por los que decidió efectuar la denuncia”.
Repudio
En los últimos días, organizaciones sociales, políticas y sindicales, entre las que se cuentan Suteba, Feb, Udocba y la CTA expresaron este lunes un “contundente repudio” a las agresiones que sufrió Carey.
“No hay ni debe haber más lugar para este tipo de actitudes en nuestra dirigencia política. No podemos dejar pasar los niveles de intolerancia e impunidad con los que la oposición respalda a sus referentes. Basta de violencia machista, ni una amenaza más”.